El monseñor italiano Nunzio Scarano, arrestado en junio pasado por lavado de dinero, volvió a recibir una orden de detención domiciliaria, en relación con las irregularidades cometidas en la gestión del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco vaticano que está en la mira del papa Francisco.
Además la Guardia de Finanzas (policía financiera italiana) ha procedido a confiscar algunos bienes inmuebles y cuentas corrientes, por cerca de seis millones de euros en bancos italianos.
Fuentes judiciales citadas por los medios de comunicación puntualizaron que en el caso de la orden de confiscación de las cuentas corrientes del banco vaticano se ha emitido una carta rogatoria, ya que se trata de otro Estado, y que se espera aún la respuesta de la Santa Sede al respecto.
Según las investigaciones, Scarano -llamado “don 500” por su presunta pasión por los billetes de 500 euros- se ocupaba de una amplia red de lavado de dinero que hacía pasar por falsas donaciones para los pobres y que acababan en las cuentas del banco vaticano.
Las pesquisas han comprobado que la red de Scarano se ocupaba de entregar a las personas que querían blanquear capitales unos sobres con dinero sacado de cuentas del IOR, y estos después devolvían la misma cantidad en donaciones para los pobres.
El pasado junio, Scarano fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario junto con el ex agente de los servicios secretos internos italianos (AISI) Giovanni Maria Zito y Giovanni Carenzio, un intermediario financiero cuya actividad tiene sede en las islas Canarias (España).
A todos ellos se les acusaba de la entrada ilegal en Italia de 20 millones de euros procedentes de Suiza, una operación que supuestamente el prelado pudo llevar a cabo de acuerdo con el exagente.
Scarano ya había sido suspendido por el Vaticano de todos sus cargos después de que se supiera que la Fiscalía de Salerno le investigaba por blanqueo de dinero por un caso de cheques justificados como donaciones de origen poco claro, por un total de 580.000 euros.
La primera detención de Scarano fue fruto de la investigación que tiene abierta la Fiscalía de Roma sobre las presuntas irregularidades en la gestión y transparencia de las cuentas del banco vaticano. EFE
El monseñor italiano Nunzio Scarano, arrestado en junio pasado por un delito de lavado de dinero, volvió a recibir hoy una nueva orden de detención domiciliaria por más cargos, siempre en relación con las irregularidades cometidas en la gestión del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el cuestionado banco vaticano que está en la mira del papa Francisco.
Junto con Scarano, ex responsable del servicio de contabilidad de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), también fue detenido el párroco de Salerno Luigi Noli, y se ha ordenado que se prohíba el ejercicio de su actividad a un notario también implicado.
Además la Guardia de Finanzas (policía financiera italiana) ha procedido a confiscar algunos bienes inmuebles y cuentas corrientes, por cerca de seis millones de euros en bancos italianos.
Fuentes judiciales citadas por los medios de comunicación puntualizaron que en el caso de la orden de confiscación de las cuentas corrientes del banco vaticano se ha emitido una carta rogatoria, ya que se trata de otro Estado, y que se espera aún la respuesta de la Santa Sede al respecto.
Según las investigaciones, Scarano -llamado “don 500” por su presunta pasión por los billetes de 500 euros- se ocupaba de una amplia red de lavado de dinero que hacía pasar por falsas donaciones para los pobres y que acababan en las cuentas del banco vaticano.
Las pesquisas han comprobado que la red de Scarano se ocupaba de entregar a las personas que querían blanquear capitales unos sobres con dinero sacado de cuentas del IOR, y estos después devolvían la misma cantidad en donaciones para los pobres.
El pasado junio, Scarano fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario junto con el ex agente de los servicios secretos internos italianos (AISI) Giovanni Maria Zito y Giovanni Carenzio, un intermediario financiero cuya actividad tiene sede en las islas Canarias (España).
A todos ellos se les acusaba de la entrada ilegal en Italia de 20 millones de euros procedentes de Suiza, una operación que supuestamente el prelado pudo llevar a cabo de acuerdo con el exagente.
Scarano ya había sido suspendido por el Vaticano de todos sus cargos después de que se supiera que la Fiscalía de Salerno le investigaba por blanqueo de dinero por un caso de cheques justificados como donaciones de origen poco claro, por un total de 580.000 euros.
La primera detención de Scarano fue fruto de la investigación que tiene abierta la Fiscalía de Roma sobre las presuntas irregularidades en la gestión y transparencia de las cuentas del banco vaticano.
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