Minuto30.com .- El sistema judicial de Guatemala ordenó la captura de dos figuras clave en la política y justicia colombiana: Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual embajador ante el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de la Nación. Según las autoridades guatemaltecas, ambos habrían favorecido irregularmente a la multinacional brasileña Odebrecht durante su tiempo como investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La solicitud fue tramitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y fue aceptada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. Los delitos imputados a los colombianos son graves: asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión. Las acusaciones marcan un giro drástico en el perfil de quienes fueron considerados símbolos de la lucha anticorrupción en América Latina.
Para Iván Velásquez, esta situación representa no solo una crisis personal y reputacional, sino también un riesgo diplomático. Como embajador ante el Vaticano, su imagen queda comprometida internacionalmente. Aunque hasta ahora no se ha confirmado una circular roja de Interpol, el hecho de que en redes sociales ya se mencione su nombre vinculado a supuestos montos millonarios y una orden internacional de captura podría generar presiones tanto sobre la Santa Sede como sobre el Gobierno colombiano.
El exministro se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter), calificando de “persecución política” la medida guatemalteca. Afirmó que tanto la fiscal general de ese país como el fiscal Curruchiche son “designados como corruptos y sancionados por EE.UU. y la Unión Europea”, y sugirió que la acción obedece a represalias por el trabajo que él y Camargo realizaron como parte de la CICIG. De inmediato, sus declaraciones dividieron opiniones entre quienes lo consideran un perseguido político y quienes piden que rinda cuentas.
Desde Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras respondió con dureza. Acusó a Velásquez de haber “traicionado” a la ONU y al Departamento de Estado, y fue aún más contundente al afirmar que el hoy embajador “resultó más corrupto que aquellos a los que supuestamente vino a investigar”. Las declaraciones, cargadas de acusaciones personales, han elevado la tensión entre ambas naciones y podrían generar un incómodo conflicto diplomático si el Vaticano decide pronunciarse.
Mientras tanto, Luz Adriana Camargo guarda silencio institucional, aunque la Corte Suprema de Justicia en Colombia y otros actores del sistema judicial comienzan a manifestar su preocupación por el alcance internacional del caso. La pregunta que ahora flota en el ambiente político colombiano es: ¿podrá el presidente Gustavo Petro mantener a su embajador en el Vaticano con estas acusaciones encima? Y más aún, ¿cómo afectará esto la legitimidad de la fiscal general recién nombrada en su cargo?
La canciller Laura Sarabia, emitió un comunicado en el que expresa “profunda preocupación y rechazamos enérgicamente la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo”.
Agrega la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia que “Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional”.
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