Gobernador de Antioquia, tras Consejo de Seguridad Extraordinario, por el levantamiento de la orden de captura de 23 peligrosos cabecillas de bandas de la ciudad y el oriente de Antioquia
Minuto30.com .- Tras un Consejo de Seguridad Metropolitano de urgencia, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una contundente ofensiva jurídica contra la reciente resolución de la Fiscalía General de la Nación. El mandatario anunció que, de la mano con las 10 alcaldías del Valle de Aburrá, interpondrá una acción de nulidad ante el Consejo de Estado para frenar la liberación de 23 jefes de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí.
Rendón calificó la medida como un «fracaso» y un riesgo inminente para la estabilidad de la región, especialmente por la proximidad de los procesos electorales.
La Resolución 000 del 27 de marzo de 2026, es mediante la cual el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación ordenaron la libertad de 23 peligrosos delincuentes. Según el mandatario regional, esta decisión amenaza con desestabilizar la seguridad de Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
El gobernador no ahorró calificativos al señalar que esta medida es «ilegítima y arbitraria», advirtiendo que ya hay siete criminales en las calles y que los 16 restantes podrían seguir sus pasos en los próximos días bajo la figura de «negociaciones socio-jurídicas».
El mandatario departamental comparó la situación actual con la zona de distensión del Caguán, afirmando que liberar a estas estructuras en el conglomerado urbano más importante de Antioquia es entregarle el control territorial a las mafias. «No de otra manera se explica que ordenen la libertad de 23 delincuentes que durante años tejieron la red criminal más potente de Antioquia», sentenció.
El Gobernador hizo un llamado directo a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, pidiéndole que «reverse» la medida. Advirtió que la funcionaria no puede pasar a la historia como quien «le quiebra el espinazo a la Constitución» para favorecer las políticas del presidente Petro, abandonando a las víctimas de homicidios, extorsiones y desplazamientos.
A solo dos meses de un proceso electoral, la Gobernación denuncia que estos delincuentes pertenecen a estructuras que operan en zonas donde el partido de gobierno ha registrado aumentos en su votación. Además, cuestionó: «¿Quién le responde a los policías y jueces que arriesgaron su vida para capturarlos?», señalando que muchos de estos criminales ya estaban condenados.
El lunes de Pascua, la Gobernación de Antioquia, en conjunto con las 10 alcaldías del Área Metropolitana y la alcaldía de Rionegro, presentará una acción de nulidad ante el Consejo de Estado para frenar la resolución.
Gbernador y alcaldes del Área Metropolitana han cerrado filas, argumentando que el esfuerzo por llevar la tasa de homicidios a niveles históricos no puede borrarse con una resolución administrativa. La preocupación radica en que estos cabecillas retomarían el control de las «rentas criminales» que, según cifras oficiales, superan los 200 mil millones de pesos anuales.
El Gobernador fue enfático al señalar que muchos de los liberados ya están delinquiendo nuevamente. Atribuyó buena parte de la violencia actual en el Oriente antioqueño al grupo «El Mesa», responsable de masacres en Rionegro en 2024.
«Estos bandidos recaudan más de 200 mil millones de pesos al año solo en extorsión. Incluso tenemos información de alianzas con el ELN y las disidencias de las FARC para combatir al Clan del Golfo por las rentas criminales», reveló el mandatario.
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