Foto de archivo.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron posibles irregularidades en un contrato de drones firmado en 2022 para dotar a la Policía Nacional con sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART), cuyo valor superó los $3.700 millones de pesos.
La actuación involucra al coronel en retiro Didier Alberto Estrada Álvarez, quien para la época se desempeñaba como director general del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO); a la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, entonces coordinadora del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA); al intendente Ismael de Aguas, verificador de información de esa dependencia; y al mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien ejercía como supervisor del contrato por parte del FORPO.
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De acuerdo con el ente de control, la investigación busca esclarecer si durante las etapas precontractual y de ejecución del contrato de drones se presentaron actuaciones que pudieran haber comprometido la legalidad del proceso y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Entre los aspectos que serán revisados está la definición de los criterios utilizados para seleccionar al contratista, ya que, según la Procuraduría, podrían haberse presentado deficiencias en la estructuración de esos factores, lo que habría tenido incidencia en el desarrollo de la contratación.
Con la apertura formal de la investigación, el Ministerio Público adelantará la recolección de pruebas para reconstruir cómo se llevó a cabo el proceso y verificar si los funcionarios y exfuncionarios actuaron conforme a las responsabilidades de sus cargos.
La Procuraduría aclaró que esta actuación se encuentra en una etapa preliminar de investigación, por lo que el objetivo es determinar si existen elementos suficientes para formular eventuales cargos disciplinarios relacionados con el contrato de drones para la Policía Nacional.
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