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La ciudad de Río de Janeiro ha sido escenario de la operación policial más letal de su historia reciente. En un megaoperativo lanzado contra el Comando Vermelho, una de las principales y más poderosas bandas de narcotraficantes de Brasil, la cifra de fallecidos se ha disparado a 132 personas, incluyendo cuatro agentes de la fuerza pública, según ha confirmado la Defensoría Pública regional.
El operativo, que inicialmente reportaba una cifra menor de víctimas, ha visto un dramático incremento en el balance de muertos tras el hallazgo de decenas de cadáveres alineados en una calle de la favela de Penha. La operación, que movilizó a cerca de 2.500 agentes y tenía como objetivo ejecutar un centenar de órdenes de arresto, se convirtió en un violento enfrentamiento que ha generado una fuerte controversia en el país.
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Vecinos de las favelas afectadas han denunciado lo que consideran un “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de la Policía Militar y Civil, y han señalado posibles daños colaterales sobre la población civil. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) Brasil, han calificado el operativo de “desastre” y han exigido a la Fiscalía investigar las circunstancias de “cada muerte”.
El Gobierno regional ha defendido la intervención, calificándola como “necesaria” para combatir el crimen organizado. Sin embargo, el contraste entre la versión oficial y el macabro hallazgo de cuerpos ha puesto en el centro del debate la estrategia de seguridad de Río de Janeiro.
Aunque la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos por parte de los narcotraficantes, la tensión persiste, y la mayoría de comercios y escuelas en los barrios afectados se mantienen cerrados. La noticia del balance final de 132 muertos ha resonado globalmente, destacando la gravedad de la violencia y el crimen organizado en las favelas brasileñas.
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