Foto: PRESIDENCIA/archivo
Colombia se encuentra en un punto crítico este miércoles, 11 de junio de 2025, ante dos decisiones trascendentales del gobierno del presidente Gustavo Petro que, según analistas y la oposición, podrían sumir al país en una profunda inestabilidad económica y jurídica, todo ello en un momento de caos social y de seguridad sin precedentes.
La primera y quizás más impactante decisión es la suspensión de la regla fiscal por los próximos tres años. El Consejo de Política Fiscal (Confis) aprobó la activación de una “cláusula de escape”, un mecanismo excepcional que permite al Gobierno flexibilizar temporalmente los límites de déficit establecidos por la regla fiscal, ampliando su capacidad de gasto y endeudamiento.
Esta medida ha generado una ola de críticas y preocupación entre expertos económicos y analistas. La regla fiscal es una norma que busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y su suspensión sin una justificación de fuerza mayor, como una crisis económica severa o una tragedia natural, es vista como una señal de falta de compromiso con la disciplina fiscal.
Aumento del costo del endeudamiento: La falta de un límite claro en el gasto podría enviar una señal negativa a los mercados internacionales, encareciendo los créditos para Colombia y desviando recursos que podrían destinarse a inversión social y productiva.
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Presión sobre el tipo de cambio y la inflación: La incertidumbre fiscal podría generar mayor volatilidad del dólar, presionando al alza la divisa y, consecuentemente, la inflación. De hecho, el dólar ya se disparó tras conocerse la noticia de la suspensión.
Pérdida de credibilidad y desconfianza de inversionistas: La decisión podría ser interpretada como una falta de seriedad en el manejo económico, erosionando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y afectando la calificación crediticia del país. Algunos expertos advierten que Colombia podría encaminarse hacia el segundo peor déficit fiscal en 121 años.
Paralelamente a la controversia fiscal, el presidente Petro se alista para firmar este miércoles un decreto para convocar una consulta popular, una medida que ha sido calificada de ilegal por diversos expertos jurídicos y políticos de la oposición.
La polémica radica en que la Constitución y las leyes estatutarias colombianas establecen que toda consulta popular requiere el aval del Senado. La propuesta del Gobierno, que busca impulsar la reforma laboral, fue hundida en el Congreso en una votación polémica. Sin embargo, el Gobierno argumenta que el Senado no emitió un concepto favorable dentro del plazo establecido, lo que, según su interpretación, lo habilitaría para convocar la consulta por decreto.
Expertos constitucionalistas han señalado que esta decisión es jurídicamente problemática, genera “ruido político innecesario” y afecta la separación de poderes. Advierten que el Gobierno no tiene la facultad de declarar la nulidad de un acto administrativo del Congreso y que la medida podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Estas decisiones se toman en un momento de particular efervescencia y tensión en Colombia. La seguridad es una preocupación latente, evidenciada por el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y la ola de ataques terroristas en Cali y el Cauca, que el propio ministro del Interior ha vinculado a las disidencias de las FARC de “Iván Mordisco”.
La oposición política, representada por el movimiento Creemos y otros nueve partidos, ya ha desconocido al Gobierno Petro como garante de las próximas elecciones, pidiendo la intervención de la Procuraduría para asegurar la transparencia.
En este complejo escenario, las acciones del Gobierno Petro sobre la regla fiscal y la consulta popular añaden una nueva capa de incertidumbre y preocupación sobre la estabilidad económica y democrática del país.
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