Foto de cortesía.
El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un incidente de desacato contra varios ministros y altos funcionarios por incumplir el pago de las millonarias deudas que asfixian al sistema de salud en la región.
La medida, que surge tras una Acción Popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advierte que, de no cumplirse los pagos, los responsables podrían enfrentar arrestos de hasta seis meses y multas pagadas con su propio patrimonio.
La decisión judicial recae directamente sobre figuras clave del gabinete, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, además del superintendente de Salud y el director de la Adres.
Según el alcalde Gutiérrez, este incidente es un triunfo para la defensa de la vida, ante lo que calificó como una gestión que “juega con la salud de los ciudadanos”.
Las cifras son alarmantes: solo al Hospital General de Medellín las EPS intervenidas le adeudan más de $173.000 millones, un hueco fiscal que ha crecido un 36% desde que se inició el proceso legal.
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El impacto de este incumplimiento financiero ya se siente en las calles. Los servicios de urgencias de la capital antioqueña operan con una ocupación desbordada de hasta el 162%, agravada por la falta de medicamentos para pacientes crónicos.
Gutiérrez fue enfático al señalar que, mientras el gobierno central afirma que “no hay plata”, se han firmado contratos billonarios con tintes electorales.
“Destruyeron el sistema de salud; hoy la deuda nacional es de $33 billones, de los cuales $8 billones le pertenecen a Antioquia”, puntualizó el mandatario local.
A pesar de la falta de recursos nacionales, el Distrito ha invertido cerca de $439.000 millones para evitar el colapso total de la red pública.
Con este nuevo incidente judicial, se espera que la presión sobre el Ejecutivo obligue a un desembolso inmediato que alivie la presión sobre hospitales como el General, donde Savia Salud y la Nueva EPS mantienen las carteras más pesadas.
El país queda a la espera de las consecuencias penales que podrían derivarse por el delito de fraude a resolución judicial.
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