Foto de archivo.
Un nuevo caso de secuestro contra conductores de plataformas digitales encendió las alarmas en el Valle de Aburrá. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres personas, señaladas de participar en la retención ilegal y el robo de un conductor que prestaba un servicio de transporte entre Medellín y Envigado.
Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 20 de diciembre, cuando la víctima aceptó una carrera desde el sector de El Poblado hacia el sur del área metropolitana. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto acordado, fue interceptado por dos hombres, quienes presuntamente lo intimidaron con un arma de fuego.
Según el ente acusador, los señalados despojaron al conductor de su vehículo y de su teléfono celular, y lo obligaron a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias. Posteriormente, la víctima habría sido subida por la fuerza a un vehículo tipo taxi, donde le cubrieron la cabeza para evitar que reconociera el trayecto.
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El secuestro continuó en una zona rural del municipio de Bello, hasta donde fue trasladado el conductor. Allí, de acuerdo con el relato oficial, fue golpeado, obligado a caminar descalzo y presionado para llamar a su madre con el fin de solicitar dinero a cambio de su liberación.
Horas después, los presuntos agresores se habrían dispersado al notar la presencia de una patrulla de la Policía. En ese momento, el conductor aprovechó para huir y pedir ayuda a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en el sector.
Minutos más tarde, la Policía capturó a Yohan Alexis, Luis David y una mujer identificada con el nombre de Karla. En el procedimiento fue incautado el taxi que, al parecer, fue utilizado para cometer el delito y que quedó con fines de comiso.
Los procesados fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos, sin embargo, el juez consideró que existían suficientes elementos probatorios para enviarlos a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.
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