Capturas de video publicado por el senador Juan Espinal, sobre la grave situación que vive el Bajo Cauca por la minería ilegal
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas No. 3 para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, programó e instaló la Mesa Interinstitucional de seguimiento a la Circular 003 de 2024, «Estrategia Nacional para el Control de la Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio», que contiene 22 exhortos dirigidos a más de 25 entidades del Estado.
Participaron en esta convocatoria el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Defensa Nacional, la Agencia Nacional de Minería y la Fiscalía General de la Nación, por medio de su Dirección Especializada contra los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Cada entidad rindió cuentas sobre sus avances. Entre los resultados reportados están el Decreto 1035 de 2024, que amplió al Ejército y a la Armada la competencia para destruir maquinaria usada en minería ilegal; la incautación de 1.326 kilogramos de mercurio en el puerto de Cartagena; y la reglamentación de la Licencia Ambiental Temporal para la formalización minera. También se informó que avanzan la norma de vertimientos al suelo, que prohibirá la disposición de mercurio, y la Estrategia de Gestión de Pasivos Ambientales.
El Ministerio Público presentó tres casos críticos objeto de seguimiento preventivo. En el río Quito (Chocó), el área afectada por minería creció 321,9 % en diez años, toda en zonas sin título minero. En el Bajo Cauca antioqueño se registraron 493 nuevas hectáreas afectadas solo en 2025. En el río Puré (Amazonas), la explotación ilícita alcanza el Parque Nacional Natural Rio Puré y exige coordinación binacional con Brasil.
La Procuraduría reiteró su papel como garante del cumplimiento de la Circular PGN No.003/2024. Como resultado de esta reunión las entidades participantes suscribirán una matriz de compromisos frente a los casos priorizados por el Ministerio Público, cuyo avance será verificado por la Procuraduría Delegada en una próxima sesión de seguimiento. Se destacó y concluyó por parte de la Delegada en esta mesa que «La minería ilegal no se enfrenta con esfuerzos aislados, sino con un Estado articulado que responda con resultados verificables en el territorio».
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