Una amnistía para secuestrar la democracia

La extrema derecha en Colombia y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no desisten de su intento por acomodar la justicia y la democracia colombianas a su imagen y semejanza. La nefasta propuesta de amnistía general lanzada a la opinión pública por el exsenador y su partido, el Centro Democrático, sólo busca generar un marco institucional proclive a sus intenciones de abrir la puerta a la elección y nombramiento de personas, probablemente de la misma afinidad política, que hayan sido condenadas o procesadas por delitos tan graves como la violación, la corrupción o el paramilitarismo.

Como colombianos debemos enfrentar la amenaza a nuestra institucionalidad que representa el Acto Legislativo para superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública. Debemos entender que, de avanzar en el Congreso y materializarse como reforma constitucional, será el marco normativo para legitimar la actuación política de miles de condenados o procesados, en condiciones de franca impunidad, que suspenderá los mecanismos de justicia ordinaria o transicional. Se eliminarían todas las restricciones que hoy mantienen fuera de las instituciones públicas a parapolíticos, exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados, o personas inhabilitadas por la Procuraduría General de la Nación.

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Además de lo anterior, no queda claro a partir de lo que conocemos del proyecto, si hasta individuos como Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el desfalco de Agro Ingreso Seguro, podrían volver a la política bajo el amparo de la “amnistía”.

Lo más peligroso de esta iniciativa es que crearía una segunda versión de la ley de Justicia y Paz que permitiría a los paramilitares que no se acogieron a esta, o que fueron expulsados y siguieron delinquiendo, ser “amnistiados” y utilizar su dominio territorial para ser elegidos o nombrados. Sin mediar ningún proceso de justicia transicional, pasarían de la ilegalidad al control legítimo de las instituciones. Incluso, este proyecto pondría a Colombia en contravía de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y su competencia respecto a casos de promoción de grupos paramilitares, al permitir que retornen a la vida política posibles financiadores e impulsores de estos grupos, como Luis Alfredo Ramos, quien hoy es procesado por la Corte Suprema de Justicia por su posible participación en actos de este tipo.

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No podemos permitir que esta amnistía secuestre la democracia y deslegitime la institucionalidad. Trabajaré políticamente para que esta perversa iniciativa nunca se materialice.

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