Algunas preocupaciones con la reforma

Después de mucho esperar, el Ministerio de Hacienda radicó la Ley de Solidaridad Sostenible. Un proyecto que tiene aspectos buenos, medidas que se deben corregir y otras que definitivamente se tienen que eliminar. La discusión en las comisiones económicas va a ser más que extensa y será fundamental recoger las propuestas y preocupaciones de los gremios, la ciudadanía y los partidos.

Ante todo, la reforma tiene dos grandes objetivos. El primero, pagar los más de $100 billones en que se incrementó la deuda del País el año pasado a raíz de la pandemia. Esto, cabe señalar, es vital para que Colombia no pierda el grado de inversión, dado que tal situación implicaría un encarecimiento de los créditos con que la Nación se financia en los mercados internacionales. Para este componente se destinan $16.1 billones.

El segundo, es financiar los $7.2 billones que cuestan las medidas sociales con las cuales se quiere evitar que la población en condición de pobreza se siga acercando al 50% del País. Lógicamente, para hacer realidad estos propósitos hay que acudir a las maromas tributarias que traen cosas buenas y malas.

Por ejemplo, en el articulado hay algunos aspectos interesantes: se le otorgan facultades al Presidente para que acabe con el derroche burocrático que se heredó de la administración anterior, lo cual se logra fusionando Ministerios y eliminando una cantidad de entidades innecesarias que hoy en día no hacen mayor cosa. Algo que le hemos pedido al Gobierno desde el 7 de agosto de 2018.

Además, el Ingreso Solidario se convierte en un programa permanente que pasará de 3 a 4.7 millones de hogares beneficiados, la devolución del IVA no cobijará a 1 sino a 4.7 millones de familias, se establecen incentivos para la contratación de jóvenes, mujeres y personas en condición de discapacidad y se pavimenta el camino para financiar la educación superior de los grupos más vulnerables.

Asimismo, la tarifa del impuesto de renta para las empresas que ganen menos de $500 millones anuales baja al 27% durante 2022 – 2023 y al 24% a partir de 2024. Adicional a esto, se prorroga hasta junio de este año el subsidio a la nómina que ha logrado proteger 3.9 millones de empleos, aunque desde ya le solicitamos al Gobierno que la extensión del programa sea hasta diciembre.

Sin embargo, también hay elementos preocupantes. Al fin y al cabo, generar un recaudo adicional para 2023 de $7 billones a través del IVA y $12 billones con el tributo de renta a las personas naturales exige una carga impositiva considerable. Puntualmente, hoy me quiero enfocar en dos temas: el IVA a los servicios públicos y el impuesto de renta a las pensiones.

En primer lugar, actualmente los estratos 5 y 6 pagan una sobretasa del 20% en los servicios públicos que ayuda a financiar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Como está la propuesta, este modelo de subsidios cruzados se desmontaría y en su lugar se impondría un IVA del 19% a los estratos 4, 5 y 6.

Claramente, esta medida incrementaría en una quinta parte los costos de la clase media que reside en estrato 4, la cual en Medellín concentra a 100.612 hogares y en Bogotá a 757.923, es decir, en promedio el 10% de los habitantes de las ciudades que ni reciben subsidios ni tienen a su cargo el pago de sobretasas.

En segundo lugar, desde un comienzo las pensiones han estado en el radar del proyecto. Primero se pensó en gravar las que fueran superiores a $4.8 millones y después el Ministro de Hacienda subió el monto a los $7 millones mensuales.

Aunque la variación es importante, hay que recordar que la jubilación no es una renta exorbitante ni un lujo que el Estado debe exprimir, sino que es el ahorro de toda una vida de trabajo. Las 28.000 personas que actualmente reciben el monto que se quiere gravar contribuyeron durante décadas con el pago de todo tipo de impuestos al desarrollo del País y tienen todo el derecho a disfrutar de su merecido retiro.

Por eso, no es justo que se les quiera aplicar un impuesto de renta. Sin embargo, en caso de hacerse ante la necesidad de elevar el recaudo este debería concentrarse en las mega pensiones superiores a los $14 millones mensuales, en especial aquellas que reciben subsidios del Estado a través del régimen de prima media.

El debate frente a la Ley de Solidaridad Sostenible apenas comienza. El IVA a los servicios públicos y el impuesto a las pensiones son solo algunas de muchas preocupaciones que hay con el proyecto y que iremos abordando en detalle con el paso de los días.

Lo importante, es encontrar fuentes de financiación que no cercenen la capacidad adquisitiva de la clase media ni pongan en riesgo los procesos de inversión y generación de empleo en Colombia, como lo podría ser la adopción permanente de la sobretasa al impuesto de renta de los bancos que creamos en la Ley de Crecimiento Económico de 2019 y que inicialmente regía para el período 2020-2022, pero que de extenderse a las fiduciarias y prolongarse en el tiempo generaría un recaudo adicional anual que evitaría imponer nuevos tributos a bienes, servicios e ingresos esenciales para los hogares.

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La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com

 


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— Minuto30.com (@minuto30com) April 3, 2021