Alerta roja en la autoridad minera antioqueña. Por: Alfredo Ramos Maya

Un Departamento que tiene en sus cimientos históricos la actividad minera como elemento esencial y fundador no puede desdeñar de su pasado, ni mucho menos de un sector que tiene gran incidencia en el presente económico del Departamento y que seguirá teniéndolo en su futuro.

Alfredo Ramos maya

Esperamos que ese futuro económico minero de Antioquia tenga las condiciones que todos deseamos: respeto por nuestro medio ambiente, en condiciones de seguridad física para los mineros, fortaleciendo la formalización minera, con las mayores garantías de seguridad social para todos los involucrados, con el pago cumplido de regalías, con tecnología adecuada para la extracción de nuestros minerales.

Esto, a propósito de las preocupaciones que asaltan luego del examen que sobre las cifras de desempeño de la autoridad minera Antioqueña se han venido haciendo en los últimos días y, claro está, con ocasión del doloroso accidente ocurrido en Amagá y que dejó a 12 familias mineras con el profundo vacío de perder a sus seres queridos.

Resulta que comparados el bienio 2008-2009 con el primer bienio del gobierno de Sergio Fajardo, 2012-2013, la expedición de títulos mineros en el Departamento cayó estrepitosamente pasando de 388 a 134, lo que ha significado una reducción del casi 60%, lo cual, valga decir, contrasta con el crecimiento de la inversión extranjera directa en Colombia en ese mismo lapso, impulsado enormemente por inversión en el sector minero. Aunque, como es de público conocimiento, no se vio esa ineficiencia de entrega de títulos cuando el beneficiado fue el esposo de la tristemente célebre secretaria de participación ciudadana, Beatriz White, que en menos de 6 meses tuvo listo su título para una concesión de 30 años.

Preocupa mucho el futuro de la única autoridad minera delegada que existe hoy en el país. Y la preocupación es que un Departamento que tiene y mantiene una economía minera y que tiene y mantiene una secretaría de minas con base en su delegación y gestión, no puede darse el lujo de ser ineficiente. Analizados y comparados los bienios 2008-2009 y 2012-2013, se encuentra con que, aunque se habla de una gran gestión en la fiscalización, hubo una reducción de las caducidades decretadas por incumplimientos en una cifra de alrededor del 80%, cuando es conocido del país de los comunes incumplimientos de los concesionarios mineros. Lo dicho está respaldado por cifras expedidas por la Agencia Nacional Minera (ANM).

Preocupa aún más la falta de fiscalización, puesto que la ANM reporta que el22% de los incumplimientos o hallazgos en la fiscalización Nacional son económicos, es decir, los titulares mineros no pagan sus obligaciones. De nuevo, los desastrosos números de la gestión departamental de la actual administración sustentan esta afirmación. Las cifras hablan por sí solas: mientras en el 2011, la secretaría de minas recaudó $20.950’959.138, en el 2012 fue $13.720’347.011 (45% menos que en 2011, sin contar con la inflación) y en 2013 $10.763’449.959 (casi 50% menos, sin contar con la inflación). Entre tanto, a nivel nacional casi se duplicaba el recaudo por ese mismo concepto, pasando de $15.554’000.000 en 2012, a $28.681’000.000 en 2013. Todo es cuestión de gestión.

Por otro lado, si se analiza la contratación, las conclusiones no pueden ser más que lamentables. Tan ineficiente ha sido la administración departamental de Antioquia en el manejo de los recursos públicos, que ha habido años de reducción presupuestal para que pudiera cumplirse la ejecución presupuestal, aun cuando en 2012, el 100% de la contratación de la secretaría de minas fue contratación directa y en el 2013, el 97,4% fue también ese mismo tipo de contratación. Parece que la secretaría olvidó para qué sirven las licitaciones públicas, punto de partida de la transparencia de cualquier administración.

Y si hablamos de legalizaciones, el panorama mantiene las mismas sombras. Un territorio histórica y tradicionalmente minero donde urgen soluciones a la informalidad, no es aceptable que en casi tres años de gestión sólo se reporten 35 legalizaciones, más aún cuando uno de ellas fue la ya mencionada concesión que el Gobernador entregó al esposo de, en su momento, secretaria de participación ciudadana, Beatriz White.

Antioquia necesita ser protegida y defendida. Estamos a las puertas de que el Gobierno Nacional arrebate al Departamento la delegación minera que le ha confiado, pero sólo se puede sentir una profunda preocupación y molestia ante las pobres y lamentables cifras de recaudo, fiscalización y resultados. Muy complejo defender la descentralización, pilar fundamental de un Estado moderno, cuando funcionarios departamentales no están a la altura de las circunstancias y responsabilidades para los cuales son nombrados. Esperamos se tomen las medidas correctivas inmediatas para solucionar este desgreño de escándalos, malos resultados y pésimo control presentados en los 3 años corridos del actual gobierno de los antioqueños.

Alfredo Ramos Maya es senador de la República por el Centro Democrático