En su argumentación para llamarlo a indagatoria, la Corte da credibilidad a los testimonios de la ex congresista Aída Merlano – hoy prófuga de la justicia colombiana y presa en Venezuela – y a la consolidación probatoria que arrojan los datos técnicos obtenidos, y que abundan la probabilidad de que en su campaña al senado en el 2017, Arturo Char junto a Aída Merlano y otras personas, “configuraron una empresa criminal para comprar votos”.
La Corte no se agota en señalamientos a Char, de quien dice habría encabezado las acciones criminales que le permitieron conseguir miles de votos en Barranquilla y Sabanalarga de manera fraudulenta.
Adelanta además la Corte que Char y sus socios en este delito, pagaron con dinero los votos obtenidos para él, Aída Merlano y Lilibeth Llinás Delgado.
Otras personas ya fueron enlistadas por el alto tribunal para llamarlos a declarar en uno de los más escandalosos casos de corrupción política de la historia reciente y que tuvo como epicentro la sede política conservadora de Aída Merlano en Barranquilla.
Merlano fue capturada por las autoridades, condenada a 15 años por compra de votos y recluida en la Cárcel del Buen Pastor en Bogotá. Pero el 1 de octubre de 2019, la ex congresista aprovechó una cita médica para protagonizar una espectacular fuga descolgándose por una cuerda desde el consultorio odontológico al norte de Bogotá y escapando a lugar desconocido.
Dos meses después de su fuga, Merlano fue detenida por las autoridades de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, donde permanece detenida.
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