Alrededor de 300 menores de edad en cinco municipios rurales de Nariño se encuentran sin acceso a servicios educativos adecuados.
Se trata de los municipios de Policarpa, Cumbitara, La Unión, La Llanada y El Rosario.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas inmediatas y coordinadas que permitan remediar esta situación.
La ausencia de servicios educativos no solo afecta el desarrollo académico de los menores, sino también su libre desarrollo personal y formación integral.
Según la Defensoría, el déficit de docentes es uno de los principales problemas que enfrentan estas instituciones educativas.
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Esta situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo a emprender acciones constitucionales para garantizar el derecho a la educación a los 300 menores afectados.
Se espera que las autoridades competentes adopten medidas concretas que aseguren el retorno a clases de aquellos que han sido privados de este derecho, así como para proveer de los recursos necesarios para Nariño.
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