Poder judicial de los Estados Unidos vs Poder judicial de Colombia

Desde que el populista y demagogo de Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos se han venido dando preocupaciones, cada vez en aumento, de distinto orden y en diversos sectores, no solo por la impreparación de este personaje para dirigir los destinos de su poderosa nación, sino por las decisiones que viene tomando y que generan consecuencias en otros países. Fuera de criticarlo nada más pueden hacer sus detractores, no obstante, como frente al legítimo derecho a la indignación nada puede hacer el gobernante, esto ha dado lugar a una serie de marchas por parte de distintos grupos y en varios lugares del mundo, por medio de las cuales le han hecho saber el descontento frente a su elección y a las medidas por él tomadas. Aunque no parezca y se crea que son inofensivas estas protestas con el paso de los días van en aumento y a ellas se suman más personas y organizaciones que en algo ponen a pensar a Trump, no es para nada bueno que un presidente tenga cada vez más rechazo social.

En medio de todos los errores y provocaciones que ha cometido Trump ha surgido un actor muy importante, con poderosas facultades para ponerlo contra las cuerdas: el poder judicial de su país. La semana pasada se supo que fue confirmada la decisión de un juez de dejar sin efectos la orden presidencial que prohibía el ingreso a territorio norteamericano de ciudadanos de siete países árabes y por lo que se avista se vienen decisiones en el mismo sentido en la medida que el soberbio presidente decida continuar expidiendo decretos que van en contra de la constitución americana y de los derechos humanos. Estas dos circunstancias: la de las protestas y la de un sistema judicial serio y sobre todo garante de los derechos y libertades ciudadanas, son indicativas de la madurez, civilidad y avance de una sociedad como la de los Estados Unidos. En efecto, queda claro que frente a un gobernante arbitrario hay remedios, unos de tipo social y otros de corte jurídico que sirven de cortapisa a estos desmanes. En lo que tiene que ver con las decisiones de los órganos judiciales, ellas dejan ver que el sistema de pesos y contrapesos en una nación como esta sí existe y sobre todo, es respetado por el ejecutivo. Queda pues evidenciada la importancia de un poder judicial verdaderamente independiente que cuando debe salir a defender la Constitución, la juridicidad y los derechos humanos, lo hace sin detenerse a mirar quién es el gobernante y sin aceptar de este y de ningún otro actor político o económico, presiones de ninguna naturaleza. Es el cumplimiento de la sagrada función que el orden jurídico de su país le impone. El sistema judicial, por lo visto, es el que salvará a los Estados Unidos de un pésimo gobierno.

Lo anterior contrasta con lo que sucede en el caso colombiano, en donde solo en teoría existe una separación de los poderes públicos y la muy pretendida autonomía de los mismos, es completamente inexistente. Para nadie es un secreto que el ejecutivo cooptó hace mucho al legislativo y de manera especial, al judicial. También es de sobra conocido que hay un sector de esta rama que es corrupto, politizado y que su hoja de ruta son sus intereses particulares. Pero en lo que aquí interesa debemos decir que hay en Colombia un poder judicial completamente obsecuente y sumiso al presidente de la república, que en la actualidad investiga y juzga a la oposición con nada más insinuarlo éste; que ha recibido su apoyo para ganar la reelección, no es sino recordar al fiscal Montealegre; según el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral se la jugó de frente y en consecuencia tomó partido por el presidente candidato Santos y favoreció su campaña, y en lo tocante al proceso paz, que como se recordará en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 ganó el No, la Corte Constitucional ha cumplido el papel de simple notario, pues se ha limitado, con su firma, a avalar cuanta ley se ha expedido para sacar adelante el cuestionado y mal llamado proceso de paz.

Como puede verse aquí el orden jurídico se interpreta y se aplica según las conveniencias del presidente, la inseguridad jurídica es la que reina y los derechos de unas mayorías son pisoteados. La rama judicial en lugar de ser un elemento que sirva de peso y contrapeso, necesario en cualquier democracia, se ha hecho al lado de otro poder y frente a ello los ciudadanos estamos inermes y sin quien nos defienda.