La Procuraduría General de la Nación solicitó este miércoles al Ministerio de Justicia y del Derecho adelantar medidas para garantizar la salud y la vida de más de 190.000 ciudadanos privados de la libertad en el país.
En desarrollo de una acción preventiva adelantada por el Ministerio Público se estableció que, entre 2018 y abril de 2019, este censo ha presentado 5.795 acciones de tutela contra el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, y los centros de reclusión para reclamar servicios de salud.
«También se evidenció que las mayores peticiones elevadas a través del mecanismo constitucional para la protección de derechos estuvieron relacionadas con citas médicas especializadas (46,87%), tratamientos (18,61%) y procedimientos quirúrgicos (11,88%)», planteó la Procuraduría.
Según las cifras reportadas, los 5 departamentos con un porcentaje de mayor variación en las acciones de tutela interpuestas contra los establecimientos penitenciarios son Cundinamarca (109,52%), Norte de Santander (93,18%), Meta (86,10%), Santander (80,85%) y Nariño (78,57%).
En la carta enviada a la ministra Margarita Cabello Blanco, la Procuraduría requirió acciones que permitan implementar programas de salud mental, salud de la mujer, pediatría y enfermedades de transmisión sexual para cubrir las necesidades de dicha población.