El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo que la desarticulación de una estructura criminal en el país dedicada al fraude fiscal aduanero es una de las mayores operaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, habla a la prensa sobre la captura del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, y una red de desfalco que operaba desde el Gobierno. EFE
Las autoridades del país centroamericano detuvieron a 21 personas, acusadas de realizar cobros ilegales a empresarios y usuarios de los distintos servicios aduaneros.
Entre los capturados está el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco; su antecesor, Carlos Enríquez Muñoz Roldán, y Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti.
El mandatario Afirmó que esta operación, «si no es la primera, es la estructura más grande» que la CICIG desarticuló en la nación centroamericana desde su creación en el año 2007.
No obstante, incidió en que el operativo se llevó a cabo tras una petición del Gobierno de Guatemala derivada de la baja recaudación de impuestos en la SAT.
El presidente guatemalteco aseguró que la desarticulación de esta red criminal, dedicada al contrabando y defraudación aduanera, no quedará en el limbo y se recogerá en el informe de análisis que evalúa el trabajo de la CICIG para prorrogar su mandato, que vence el próximo septiembre.
Según los resultados de las investigaciones, los procedimientos normales de revisión y ajuste de control de mercancías en los contenedores que ingresaban a las aduanas de Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás fueron alterados por algunos integrantes del grupo.
La investigación está coordinada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la CICIG y la Policía Nacional Civil (PNC).
El MP acusa a los arrestados de los delitos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanera y defraudación tributaria. EFE