La semana pasada se estremecieron no solo las edificaciones de la escuela de cadetes General Santander en Bogotá con el carro bomba que en este lugar hizo explotar un miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo delincuencial que aceptó la autoría del brutal atentado en el que murieron 21 jóvenes cadetes, sino también los sentimientos de millones de colombianos al ver que la paz que pretendió legar Juan Manuel Santos está todavía lejos de consolidarse y lo está por un razón sencilla: mientras subsistan grupos armados ilegales como la guerrilla y las bandas criminales, los colombianos continuaremos con la intranquilidad de que estos actores continuarán cometiendo acciones moral y legalmente reprochables.
La pregunta que en este momento flota en el ambiente es qué hacer con los negociadores de la guerrilla que están en Cuba ahora que se atribuyeron el atentado y que el gobierno dijo que no iba más. Hay quienes dicen que se deben respetar los protocolos que firmaron las partes en su momento, vale decir gobierno Santos y guerrilla del ELN, y en ellos se dice, entre otras cosas, que en caso de ruptura de las negociaciones las partes se tomarán 15 días para planear y concretar el retorno a Colombia de la delegación de este grupo insurgente, pues según estos analistas, los protocolos deben cumplirse porque fueron suscritos a nombre de un estado y no de un gobierno, que por ello existe el derecho internacional.
El gobierno, en cambio, ha dicho por boca del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que lo que en este caso procede es que el gobierno cubano entregue a su homólogo colombiano a los negociadores de la guerrilla, cuyo atentado dicen haber cometido, pues que así lo determinó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al decir que los responsables del atentado deben ser puestos a disposición del gobierno colombiano; además que no son vinculantes para este gobierno los protocolos suscritos por la administración Santos, de conformidad a la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional, a más de que, y en esto no le falta razón, impensable sería traerlos a Colombia y dejarlos en algún lugar y se les de tiempo de esconderse; también ha dicho el funcionario que en último caso pedirán la extradición de los negociadores del ELN ya que hay un tratado de extradición vigente con este país caribeño que data de 1932.
Para ser honestos, levantada estaba la mesa desde que este gobierno se posesionó el 7 de agosto pasado; fue reiterativo el presidente Iván Duque cuando se refería a los diálogos con la guerrilla del ELN, que para continuar con los mismos se debía por parte de este grupo cesar con la actividad delincuencial y además debían liberar a todos los secuestrados y dejar de dinamitar la infraestructura petrolera del país. Es evidente que hicieron oídos sordos a tan lógicas condiciones.
Ahora bien, ante lo aleve y cobarde del atentado y el descaro de aceptar que cometieron el atentado al tiempo que esperaban que el gobierno les tendiera la mano y continuara con los diálogos, correcto me parece la actitud del gobierno colombiano en insistir y buscar por todos los medios diplomáticos y legales posibles que los responsables, entre ellos la delegación de la guerrilla en La Habana, comparezcan ante la justicia de nuestro país para que respondan por un hecho que no tiene excusa ni perdón, a más claro está, de arreciar con toda la fuerza bélica del estado para diezmarlos.