Algunos con lágrimas en sus ojos, y otros con documentos en mano para demostrar la estafa de la que dicen han sido víctimas en los últimos 2 años , se presentaron ante el Concejo de Medellín más de 100 personas que exigieron a la Fiscalía avanzar en las investigaciones contra quienes integrarían el denominado «cartel inmobiliario».
Según los afectados «algunos constructores les han ofrecido viviendas a bajos costos, y posteriormente no las han entregado, han tenido sobrecostos que no estaban previstos, o en su defecto son asignadas con serios problemas estructurales».
Denuncias del concejal Bernardo Alejandro Guerra advierten que «son unas 8 mil las personas afectadas en Medellín por este delito. Hay 80 proyectos inmoviliarios con investigaciones, y unos 42 constructores tienen procesos en Fiscalía».
Por su parte, Diego Restrepo, director del Instituto de Vivienda de Medellín (Isvimed) advirtió que el problema radica en «los sistemas de infraestructura y udicial, así como en el desconocimiento de las personas», agregando que «esperamos que los entes de control avancen en las investigaciones y castiguen a los responsables».
Voceros de la Fiscalía advirtieron que además de la captura la semana pasada del constructor Pedro Arenas, hay otras 14 que se ejecutarán en los próximos días».