Luego de que el senador Gustavo Petro ganara un pleito contra el estado, por su destitución como alcalde de Bogotá, por el tema de la recolección de basuras, algunos sectores políticos y personas del país han pedido que no sea el gobierno el que pague esa deuda, que es de 10.000 dólares, sino que la pague quien suspendió irregularmente al hoy senador.
Uno de los que se expresó en torno al tema fue el expresidente Ernesto Samper, quien explicó que el «exprocurador Ordóñez debe responder jurídica y fiscalmente, con su renuncia a la OEA, por el acto arbitrario de la destitución de Gustavo Petro que acaba de declarar la CIDH. Fue él quien ordenó la destitución por razones políticas e ideológicas bien conocidas».
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Por su parte, el gobierno aseguró que deberán analizar el caso, con el fin de verificar si la decisión de Ordoñez es un caso de error grave o dolo, para validar cómo responderle al senador.