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Las declaraciones del exfiscal general y ahora ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, han encendido las alarmas en diversos sectores políticos y académicos del país. Montealegre, quien se ha convertido en una figura clave en la estrategia jurídica del Gobierno, sugirió que algunas instituciones de la Constitución de 1991 se han convertido en “obstáculos” para las reformas del Ejecutivo.
En entrevista con Blu Radio este miércoles, 12 de junio de 2025, Montealegre afirmó: “Después de 30 años, ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en…”. Esta frase, aunque incompleta, fue interpretada como un claro intento de deslegitimar el actual esquema de pesos y contrapesos y de allanar el camino hacia una refundación del Estado por vía de una Constituyente.
La postura de Montealegre, que respalda la controversial decisión del presidente Petro de convocar una consulta popular por decreto, ha sido calificada por muchos como una amenaza directa a la democracia y a la separación de poderes. Expertos señalan que el Gobierno estaría buscando cambiar el orden constitucional, incluso con el propósito de desmontar pilares fundamentales del sistema democrático colombiano, como el Congreso de la República y órganos de control.
El exfiscal ha defendido la legalidad del “decretazo” de la consulta popular, argumentando que el presidente Petro puede invocar una “excepción de inconstitucionalidad” ante lo que el Gobierno considera violaciones del Senado en el trámite de la reforma laboral. Sin embargo, esta tesis es fuertemente rebatida por la oposición y juristas, quienes advierten que el Gobierno no tiene la facultad de declarar la nulidad de un acto del Congreso y que la medida es “abiertamente ilegal” y un “autogolpe de Estado”.
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La preocupación se agrava porque las declaraciones de Montealegre se alinean con las de Gustavo Petro, quien ha insistido en la idea de convocar una Constituyente si las cortes tumban su consulta popular. El presidente ha manifestado que, en ese escenario, el pueblo en elecciones pediría “masivamente” una Asamblea Nacional Constituyente, incluso con la recolección de 8 millones de firmas.
Organizaciones la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido que reformas sustanciales al sistema político deben pasar por canales deliberativos formales y no por mecanismos de presión popular que puedan salirse de la legalidad.
La crisis institucional se profundiza en un contexto de alta tensión en el país, marcado por la reciente suspensión de la regla fiscal, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y la ola de ataques terroristas en Cali y Cauca, que el ministro del Interior ha vinculado a las disidencias de “Iván Mordisco”. La oposición política, además, ya ha desconocido al Gobierno como garante de las próximas elecciones, lo que eleva el riesgo de una deslegitimación total de los procesos democráticos.
2025-06-12
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