Precario control gubernamental favorece actuación ilegal del “cartel del adobe” en Medellín

El precario control de las entidades gubernamentales se ha convertido en un factor determinante para que algunas empresas constructoras incurran en violación de las normas urbanísticas y además actúen como un verdadero “cartel del adobe”, afirmó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos hoy en el debate que sobre falsas viviendas de interés prioritario en los estratos 1, 2 y 3 desarrolló la plenaria del Concejo de Medellín.

Guerra Hoyos cuestionó las actuaciones irregulares de empresas como la Promotora Amiga, de la cual es socio el señor Saúl Miranda, padre del concejal Yefferson Miranda Bustamante.

Dicha empresa registra, en la Cámara de Comercio, 10 millones de pesos como capital. Se preguntó el concejal: cómo ejecuta proyectos por 11 mil millones de pesos sin préstamos bancarios, sin fiducia, sin contabilidad y con captación ilegal de dineros?.

Guerra Hoyos manifestó que esta empresa, con documentación engañosa de la Fiduciaria Central del Idea, ha estafado a compradores incautos y expresó que en la actualidad es investigada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de fraude procesal por vender proyectos VIP por encima de los 70 salarios mínimos legales, donde el solo parqueadero para motos vale 23 millones de pesos.

Aseguró que el ejercicio del control político salvó al Director de Isvimed, Diego Restrepo de concretar un negocio con la Promotora Amiga, la cual ofertó 100 apartamentos dentro del programa vivienda gratuita del gobierno nacional.

Manifestó también que el inspector séptimo de Robledo, Policarpo Tóbón Arias, encontró que dicha empresa trabajaba en un proyecto urbanístico cercano a la inspección con la licencia vencida desde el 11 de febrero.

El corporado también se refirió a los proyectos de la constructora CDO, con los cuales han resultado afectadas familias pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, como Altos de San Juan, Cerezos de Calasanía, Colores de Calasania, Calasania Uno y Punta Luna Tres, todos ellos diseñados por el tristemente célebre Jorge Aristizábal Ochoa, considerado por Guerra Hoyos un peligro para la ciudad.

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Otros proyectos inmobiliarios denunciados por el concejal en su intervención incluyen Península, de la Promotora Escala, la cual ya fue expulsada de Camacol por incumplir las normas urbanísticas y la Secretaría de Hacienda le ordenó medida cautelar de embargo de establecimiento comercial porque debe al municipio 317 millones de pesos por concepto de obligaciones urbanísticas.

Se refirió al caso del edificio Victoria Real, ubicado en el sector de Belén, el único con pozo séptico en la zona urbana, del cual se hizo enajenación de bienes sin recibo de obra. Las ocho familias que viven allí no cuentan con contadores de agua, ni luz y algunas enfrentan dificultades para la escrituración de sus propiedades.

Guerra Hoyos expresó que cerca de 12 mil familias han sido afectadas por la hipermegaestafa inmobiliaria en Medellín y algunos de sus voceros han señalado al Estado y específicamente a diferentes organismos del municipio de Medellín como responsables de la delicada situación que afrontan por la ausencia de control.

Aseguran que han sido estafados, al concurrir a comprar en ofertas inmobiliarias avaladas por el municipio, realizadas en recintos como el Palacio de Exposiciones y Plaza Mayor y, convalidadas por gremios como Camacol y la Lonja de Propiedad de Raíz.

“La ciudad es víctima del cartel de adobe, una organización delincuencial de cuello blanco y de bluyines, a la que el Estado ha sido incapaz de controlar”, concluyó Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.