La Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Panamá aprobó este viernes un polémico proyecto de ley que flexibiliza de manera temporal las normas laborales en medio de la pandemia de COVID-19, pese al rechazo de los sindicatos que lo consideran una vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores.
El proyecto de ley 354, presentado por el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral ante el Parlamento, superó rápidamente los tres debates reglamentarios y solo espera la sanción del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.
La ministra panameña de Trabajo, Doris Zapata, dijo a periodistas que la sanción podría darse a inicio de la próxima semana.
Mientras el pleno legislativo le daba el tercer y último debate al proyecto, en los predios del Parlamento un grupo de trabajadores protestaba en contra de la iniciativa.
La propuesta recoge 12 medidas temporales con validez hasta el 31 de diciembre y que solo se aplicarán a empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19, a fin de “proteger” y “preservar” los empleos.
Suspensión de contratos laborales, reducción de la jornada y del monto del bono extraordinario anual conocido como décimo tercer mes, prioridad de la reincorporación a sus trabajos de los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos una vez reactivado su sector y protección del fuero maternal son parte de las medidas contempladas en la iniciativa legal.
Los sindicatos se oponen al proyecto por considerar que atenta contra los derechos laborales y reforma el Código de Trabajo, creado en 1971 en el régimen militar del general Omar Torrijos.
Centrales obreras y gremios sindicales se manifestaron esta semana en todo el país para mostrar su rechazo a la iniciativa.
“Han condenado a la mayoría pueblo panameño al hambre, miseria y desidia. Este proyecto no resuelve los problemas de los trabajadores que están con contratos suspendidos y sin salario; tampoco resuelve el hambre ni los subsidios (…), esto es para robarle al pobre y darle al rico”, dijo a Efe el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez.
Aunque el Parlamento lo haya aprobado, Cortizo lo sancione, se convierta en Ley y se publique en la Gaceta Oficial para entrar en vigor “el pueblo resistirá porque esta es una lucha de resistencia (…) no solo con esta movilización sino con todo lo que vamos a seguir realizando contra la política de hambre implementada en estos meses y agravada por la COVID-19”.
La ministra de Trabajo dijo hoy que a la fecha esta entidad tiene “241.000 contratos suspendidos activos” que “están en la base (de datos) y son parte del Programa Panamá Solidario” por el que reciben un bono o vale de ayuda de 100 dólares.
Zapata indicó que el total de contratos suspendidos asciende a 276.000, de los que, detalló, se han reactivado 32.000.
Los sindicatos sostienen que el bono mensual entregado a familias afectadas por la crisis, primero de 80 dólares y desde julio de 100 dólares, no alcanza ni llega a todos los que han perdido el ingreso.
Panamá, con 64.191 contagios y 1.397 fallecidos, vive una escalada de casos y muertes que ha obligado a las autoridades a reimplantar severas restricciones a la movilidad y buscar espacios alternativos para albergar pacientes moderados de COVID-19.
La pandemia mantiene semiparalizada la economía panameña, que este año caerá un 9 % según una nueva previsión del Gobierno.
EFE
2020-07-31
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