Mujeres indígenas y Afrocolombianas. EFE/Archivo
Mujeres y niños indígenas y afrocolombianos. EFE/Archivo
La violencia persiste contra las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, asegura un informe elaborado por 500 organizaciones sociales y presentado hoy.
La representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), Lilian Paola Osorio, afirmó a Efe en la presentación del informe que “pese a que se firmó el acuerdo de paz, la implementación no ha permitido que se mitigue en gran proporción la violencia en los territorios étnicamente diferenciados”.
El estudio, que busca evidenciar estas violaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluye que el 25 % de líderes sociales afectados por la violencia entre 2013 y 2017 pertenecía a comunidades étnicas, de los cuales 61 eran indígenas y 20 afrocolombianos.
En esos cinco años, según las cifras recopiladas por las entidades sociales, se dieron 276 asesinatos y 174 atentados contra defensores de derechos humanos en Colombia.
El estudio también concluye que “la reparación de las víctimas de pueblos indígenas y afrodescendientes ha sido lenta” y que en el país “persisten barreras en el goce efectivo” de sus derechos.
Respecto a las comunidades indígenas, aseguran que 71 de los 102 pueblos “se encuentran en peligro de extinción física y cultural” y 1.800 miembros de dichas comunidades han sido desplazados por la violencia del conflicto.
Un problema compartido entre ambas comunidades es el acceso y la protección de sus tierras ancestrales, un problema que sigue enquistado según las entidades
El informe detalla que en cinco años sólo ha habido una sentencia de restitución de tierras, que afecta a 5.400 familias.
Además, las entidades denunciaron que en muchos casos se vulnera su derecho a la consulta previa para instalar explotaciones mineras entre otras en sus tierras, un derecho que prevé que las comunidades expresen su opinión sobre el uso de los territorios que ocupan.
“(Hay) minería en territorios indígenas que pone en riesgo a los territorios y a los defensores de derechos humanos”, criticó una vocera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Alejandrina Pastor.
Osorio agregó que “al Gobierno en realidad no le interesa que las comunidades tengan la tierra” y que “la consulta previa se ha vuelto una molesta para el Gobierno”.
Este informe se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en vistas del Examen Periódico Universal (EPU) para evaluar la situación de cada país miembro cada cinco años.
Colombia se someterá a la evaluación el próximo 10 de mayo en Ginebra por tercera vez, después de las ediciones de 2013 y 2008.
EFE
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