La Barca de Calderón

José Antonio Campo es el primer economista del país y uno de los más respetados del mundo. Tiene, además, la trayectoria académica y la experiencia internacional adecuada para ser el Director General del Banco Mundial. Su candidatura surgió de la voluntad de un bloque de países, con Brasil a la cabeza, que lo consideran el más apto para ejercer ese cargo.

Una actitud inexplicable.

Por todo lo anterior resulta sencillamente inexplicable la actitud del Gobierno colombiano de abstenerse de darle su respaldo, alegando razones inverosímiles, como lo relata Cecilia Orozco Tascón en su columna de El Espectador, en donde recoge las palabras venenosas del presidente Santos cuando se atreve, sin ninguna consideración, a calificar al economista colombiano de lagarto internacional, pues eso traducen las palabras salidas del magín del primer magistrado de los colombianos al ponerlo en la lista de los desocupados internacionales, pues (según el propio Santos) el doctor Ocampo aspiraba a todo lo que se aparecía. La manera sórdida como el Presidente de Colombia trata a nuestro primer economista es un acto de mezquindad.

El destierro.

Escribió doña Cecilia: “Ante un sector empresarial extraño al tema, el Jefe del Estado se refirió al veto que su gobierno, no la Nación, le puso a la candidatura de un colombiano a la presidencia del Banco Mundial. Se trata del economista más importante del país en años, a pesar de que esta verdad le duela a los ególatras”.

Apetencias burocráticas.

Parece que los nuevos magistrados de la Sala Administrativa del “Conejo Superior de la eliminatura”, por aquello de estar en capilla para su supresión en la mal llamada Reforma a la Justicia y que sus periodos no han sido definidos por sus nominadores, a pesar de solicitud periodística, están más interesados en la burocracia no dejando títere con cabeza en todas las unidades adscritas a la Sala: carrera judicial, desarrollo estadístico, recursos físicos. Y otros cargos menores. La pregunta que se formulan es la razón de estos cambios que afectan las políticas de continuidad por cuanto se trata de funcionarios con muchos años al servicio del Consejo y con varias Salas como superior jerárquico. De seguir ese manoseo clientelista, se está abogando para que dichas unidades ingresen al sistema de carrera judicial y se provean mediante concurso y no como botín de cada magistrado de turno.

Extender pliego de cargos.

En su columna de El Colombiano, Raúl Tamayo Gaviria ha pedido que se hagan extensivos a los miembros de la junta directiva de UNE-EPM los cargos levantados contra el expresidente de ese ente oficial:

“Pienso que los cargos que se han levantado contra el ex presidente de UNE-EPM, Horacio Vélez de Bedout, deben también cobijar a todos los miembros de la Junta Directiva de esa entidad, pues ellos son tan responsables como el representante legal, pues eran coadministradores de UNE-EPM y además el 29 de junio de 2011 firmaron un comunicado de respaldo al presidente Vélez de Bedout”.