Judicializada una funcionaria del ICBF que no hizo nada y sabía de las torturas a las que eran sometidos 40 niños con discapacidad

La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó a K. T. Vergara Ramírez como presunta responsable del delito de prevaricato por omisión agravado.

Vergara Ramírez, en el año 2017 se desempeñaba como defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y está siendo judicializada por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la Fundación Peces Vivos de Ibagué donde se atendía población con discapacidad.

Las labores investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenciaron que varias personas que trabajaban en el lugar sometían a, por lo menos 40 menores de edad con discapacidad y condiciones especiales, a toda clase de maltratos. Al respecto, se tiene información relacionada con espacios de tiempo durante los cuales las víctimas eran amarradas por días o les eran negada la alimentación, todo por no acatar las órdenes que les eran impartidas.

La imputada era, al parecer, la encargada del restablecimiento de derechos de 20 de las víctimas, y pese a las denuncias instauradas por los familiares de dos de los menores, no adelantó ninguna acción para cumplir sus funciones como defensora de familia. La implicada no aceptó los cargos enrostrados.

Por estos hechos ya han sido condenadas varias personas