Foto tomada de PGN
La Procuraduría General de la Nación investiga a dos policías de Urabá, por presuntos acuerdos con el grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.
Se trataría del intendente Óscar Eduardo Hernández y el patrullero Pablo Alberto Montero Sanjuan, quienes presuntamente utilizaron sus posiciones en la Policía Nacional para entregar información a la organización criminal, a cambio de remuneración económica.
Según el ente investigador, Hernández, aprovechando su cargo y funciones, llegó a un acuerdo con la subestructura ‘Carlos Vásquez’, a quien le entregaba información sobre la presencia de la fuerza pública y operativos.
Además de no perseguir ni ejercer controles contra los integrantes del grupo. Estos actos se realizaron de manera continua hasta su captura el 22 de mayo de 2020.
Por su parte, el patrullero Montero, aprovechó su puesto como secretario de la subestación de la Policía del corregimiento de Pavarandó, en el municipio de Mutatá, Antioquia.
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Montero se comprometió a no perseguir ni obstaculizar las actividades delictivas del Clan del Golfo entre el 10 de marzo de 2018 y el 1 de junio de 2019.
Durante este período, Montero también solicitaba y recibía dinero, repartiendo parte de estas ganancias con Hernández.
Los actos delictivos de Montero continuaron mientras estuvo adscrito al departamento de Policía de Urabá, hasta su captura el 22 de mayo de 2020.
La Procuraduría indicó que los dos policías de Urabá protegían a los miembros del Clan del Golfo y facilitaban sus operaciones ilegales.
Ahora, el ente de control formuló los cargos, un paso importante en la lucha contra la corrupción y la infiltración de grupos armados ilegales en las instituciones del Estado.
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