Foto: Séptima División del Ejército Nacional.
El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía General de la Nación, continúa con operaciones permanentes para contrarrestar la explotación ilícita de yacimientos mineros en el Bajo Cauca antioqueño y el departamento de Córdoba, con el objetivo de proteger los ecosistemas y frenar el financiamiento de grupos criminales.
Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus y han incluido intervenciones simultáneas en diferentes puntos estratégicos de la región. En la vereda San Lorenzo, municipio de Cáceres, Antioquia, se intervinieron cuatro unidades productoras mineras donde fueron halladas dos excavadoras, dos motores industriales, dos motobombas, dos clasificadoras, 300 metros de manguera negra y 380 galones de ACPM.
Según las investigaciones, estos elementos, valorados en más de mil millones de pesos, podrían extraer hasta 12.000 gramos de oro al mes, generando ganancias ilícitas superiores a cinco mil millones de pesos destinadas al fortalecimiento de grupos criminales.
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En otra operación, en el sector Mandinga de Cáceres, las autoridades inutilizaron dos retroexcavadoras en una unidad minera ilegal, mientras que en el corregimiento Villanueva, en Puerto Libertador, Córdoba, fueron intervenidas cinco unidades mineras.
Allí se realizó la destrucción controlada de una excavadora, cuatro motores, dos motobombas, tres clasificadoras, 600 metros de manguera negra y 450 galones de ACPM, con un valor total superior a 900 millones de pesos. Esta acción impacta directamente las finanzas del Clan del Golfo, grupo que obtenía cerca de cinco mil millones de pesos mensuales por la extracción de 12.000 gramos de oro.
El Ejército Nacional afirmó que estas operaciones buscan debilitar las estructuras financieras de los grupos criminales que operan en la región, al tiempo que protegen los recursos naturales y reducen los daños ambientales causados por la minería ilegal. Se prevé que las acciones se mantendrán de manera sostenida hasta neutralizar las fuentes de financiación de estas organizaciones ilícitas y garantizar la seguridad ambiental en Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
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