La Fiscalía General de la Nación informó que lograron importantes acciones judiciales en el esclarecimiento de crímenes de defensores de derechos humanos y reincorporados en Antioquia, Nariño, Chocó y Meta.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a J. D. Vélez Valencia, alias el Flaco, sicario del ‘Clan del Golfo’ como responsable de hechos delictivos ocurridos en Ituango, Antioquia, entre el 13 de diciembre de 2019 y el 12 de enero de 2020.
Esta persona fue sentenciada a 19 años de prisión y declarada responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tortura, hurto y secuestro.
Con este resultado, el Grupo Especial Itinerante de la Fiscalía esclarece cuatro acciones criminales en Ituango (Antioquia), estas son:
El Juzgado Primero Penal Municipal Pasto (Nariño), con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Luis Mauricio., como presunto determinador del homicidio del reincorporado Jaime Rodrigo Díaz Arciniegas, ocurrido el pasado 29 de junio.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas.
Ante un juez de control de garantías de Quibdó, Chocó, la Fiscalía imputó a C. Hinestroza Rentería, alias Bamboleo, los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego agravado.
Según las indagaciones, el hombre sería coautor del homicidio del reincorporado Cresencio Santos Espinoza, cometido el 12 de enero de 2020 en el barrio Los Alamos – sector La Arrocera, en Quibdó (Chocó).
Alias Bamboleo deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
R. A. Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco, presunto cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Jorge Briceño Suárez, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; concierto para delinquir, y hurto calificado agravado.
Con la judicialización de Torres Huertas se esclarecen 11 homicidios (una reincorporada, ocho militares, un patrullero y un civil) y 13 tentativas de homicidio, hechos ocurridos entre enero y junio de 2020 en La Macarena (Meta).
El Gobernador fue enfático al señalar que muchos de los liberados ya están delinquiendo nuevamente