Gracias a una rigurosa investigación, las autoridades lograron determinar que varias de las modalidades de extorsión y estafa se estarían generando desde los centros carcelarios del país, pese a los controles y la disposición de plataformas tecnológicas por parte de las autoridades penitenciarias.
Es así como la Fiscalía con apoyo del Gaula de la Policía Nacional y el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), puso en marcha una ofensiva para cerrarle el paso a este fenómeno delincuencial y atacar desde su origen.
Durante una semana se realizaron diligencias de allanamiento y registro en 22 establecimientos carcelarios, en Bogotá y 19 departamentos. En los procedimientos fueron hallados 423 celulares, 900 sim card, 8 micro SD, 7 USB, 191 cargadores y 549 armas blancas.
La ofensiva se cumplió en los siguientes penales:
• Antioquia: Bellavista y Pedregal
• Atlántico: El Bosque y La Modelo
• Bogotá: La Modelo y Picota
• Boyacá: El Barne y Cómbita
• Meta: Villavicencio y Acacías
• Santander: La Modelo y Palogordo
• Bolívar: La Ternera
• Caldas: Doña Juana
• Cesar: La Judicial
• Córdoba: Las Mercedes
• Cundinamarca: La Pola
• Magdalena: Rodrigo Bastidas
• Nariño: Buchely
• Risaralda: La 40
• Sucre: La Vega
• Tolima: Picaleña
En la jornada investigativa y judicial fueron capturados 7 presuntos integrantes de una organización denominada ‘Los Carceleros’, señalada de delinquir en Villavicencio (Meta).
Entre los detenidos hay 5 funcionarios del INPEC, quienes serían los encargados de ingresar a los centros carcelarios celulares, sim card y elementos tecnológicos, los cuales eran vendidos a los internos entre $200.000 a $500.000. Los precios variaban de acuerdo con la gama y antigüedad del equipo.
De acuerdo con los elementos de prueba, con los equipos que se comercializaban clandestinamente se hicieron varias llamadas extorsivas y amenazas contra ciudadanos de diferentes ciudades de Colombia.
Un fiscal especializado Gaula imputó a estas siete personas por el delito de extorsión consumada en concurso heterogéneo y sucesivo. Por disposición del juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Los afectados con la decisión son:
• Dragoneante L. F. Castro Cubides
• Dragoneante Á. A. Sarta Valdés
• Dragoneante L. A. Soto Vera
• Dragoneante H. Colmenares Suarez.
• Inspector S. Rojas Silva
• K. J. Elizalde Gómez (Civil).
• L. F. Cely Atelua. (Exauxiliar)
El Gobernador fue enfático al señalar que muchos de los liberados ya están delinquiendo nuevamente