Brasilia, 21 feb (EFE).- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia contra siete oficiales de la antigua cúpula de la Policía Militar de Brasilia por su presunta "omisión" en la asonada golpista del 8 de enero de 2023, informaron este miércoles fuentes judiciales.
La Fiscalía acusa a los agentes de haber "favorecido" la invasión y vandalización de los tres poderes de la Nación que protagonizaron, en Brasilia, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro en un intento por derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el Ministerio Público, "el empleo de efectivo policial insuficiente" y "la ausencia de medidas" proporcionaron las condiciones necesarias para que los radicales de extrema derecha destrozaran las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo.
La denuncia recoge que la Policía Militar de Brasilia tenía agentes infiltrados en los "movimientos de insurgencia" que informaron en todo momento a sus oficiales sobre lo que ocurría, poniendo en evidencia "la necesidad de una acción preventiva".
Sin embargo, a pesar de tener los medios para evitar los ataques, la cúpula de la corporación "lo ignoró", de acuerdo con la Fiscalía, que sostiene en la querella que los denunciados "se mantuvieron inertes durante las invasiones, incumpliendo sus deberes".
El asalto a Brasilia -defiende la acusación- solo fue posible porque los altos oficiales de la Policía Militar de Brasilia denunciados "no montaron las líneas de contención y defensa de forma eficiente" y con ello "se adhirieron psicológicamente a los crímenes cometidos por la horda".
El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, respaldó los argumentos del Ministerio Público, que apuntan que la intervención de los oficiales hubiera sido "suficiente" para evitar los graves altercados del 8 de enero de 2023.
Entre los investigados por el asalto a Brasilia figura el propio Bolsonaro como uno de los posibles autores intelectuales de la trama golpista.
Hasta la fecha 86 personas han sido condenadas a penas de entre 3 y 17 años de cárcel por delitos como golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños contra el patrimonio público.
La Fiscalía ha denunciado a cerca de 1.500 personas, entre presuntos autores materiales, financiadores e incitadores, aunque en esa lista no está Bolsonaro, quien por el momento solo consta como investigado y que ha sido citado a declarar de nuevo ante la Policía Federal este jueves.
Por: EFE
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