Foto: Archivo
La procuraduría General de la Nación, a través del delegado para la defensa de los Derechos Humanos, advirtió que las difíciles condiciones de seguridad que se viven en Tuluá, Valle del Cauca, están empezando a sentirse en poblaciones vecinas de este departamento.
Según Javier Sarmiento, las organizaciones criminales están monopolizando la distribución y comercialización de alimentos, provocando la deserción escolar y la instrumentalización de menores para la comisión de delitos, como la extorsión, se han disparado en este municipio y están empezando a extenderse a otras poblaciones del centro y norte del Valle del Cauca.
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“Identificamos unos hallazgos de conductas delictivas que están afectando a la población civil, la primera el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos multicrimen, la instrumentalización de migrantes para cometer delitos, la extorsión a los comerciantes de la región, el microtráfico y el control de la oferta y la demanda de productos de la canasta familiar y otros productos necesarios de consumo diario y permanente de la ciudadanía”, señaló el procurador sarmiento.
Además, el procurador para los derechos humanos dijo que es preocupante las alianzas que se están vislumbrando en la zona rural de Tuluá entre disidencias de las antiguas Farc y otros grupos con la banda criminal La Inmaculada.
La Procuraduría hace un llamado a las autoridades a fortalecer la presencia institucional, no solo en Tuluá, en los otros municipios del centro y norte del Valle del Cauca, que están siendo blanco de la extorsión, el microtráfico y homicidios.
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