En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Las relaciones entre El Salvador y EE.UU. no se encuentran en su mejor momento desde que Donald Trump, a quien Bukele consideraba "nice and cool", dejó el Ejecutivo norteamericano. EFE/Rodrigo Sura/Archivo
San Salvador, 17 may (EFE).- Un documento desclasificado del Departamento de Estado de EE.UU. vincula a altos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño de Nayib Bukele y a otros políticos del país centroamericano con corrupción y narcotráfico, según reportaron este lunes diversos medios locales.
El Faro, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dieron cuenta del extracto de un informe desclasificado el 4 de mayo pasado que señala los nombres de “altos funcionarios del gobierno de los que se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes”.
Entre los señalados se encuentra la jefa del Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, una de las funcionarias más cercanas al mandatario salvadoreño.
El documento, del que El Faro divulgó una copia en las redes sociales, señala que Recinos estaría involucrada en “importantes actos de corrupción durante su mandato”.
También señala que Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo pasado, habría adjudicado contratos a una empresa de su propiedad para la construcción de delegaciones de la Policía y otras edificaciones que dependían de su cargo y con los costos inflados.
Entre los señalados de posibles actos de corrupción también se encuentra Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa e influyente líder del partido que llevó a Bukele a la Presidencia en 2019, la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
De igual forma, el reporte da cuenta de José Luis Merino, un exviceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
A pesar de ser miembro del partido que expulsó a Bukele en 2017, Merino fue señalado en septiembre de 2020 en un informe del consultor y periodista estadounidense Douglas Farah de mantener vínculos con el Gobierno Bukele.
En julio de 2016, el ex fiscal general Douglas Meléndez (2015-2018) reveló que Merino, conocido como “Ramiro” durante la guerra civil (1980-1992), era investigado desde 2014 por supuestamente traficar drogas y armas con la guerrilla colombiana FARC.
Otro de los señalados es Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.
A preguntas de la prensa internacional sobre algún comentario sobre la lista, a través de la aplicación de WhatsApp, un enlace de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno compartió un tuit del presidente Bukele relacionado con los supuestos actos de corrupción de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
“Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA no hay corruptos, NI UNO SOLO”, publicó en Twitter sin referirse directamente al listado.
Añadió: “Que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos”.
Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento desde que el magnate inmobiliario Donald Trump, a quien Bukele consideraba “nice and cool”, dejó el Ejecutivo norteamericano.
Las tensiones se incrementaron después de que la Asamblea Legislativa, con amplia mayoría oficialista, votó por destituir a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general.
Este listado es parte de del “anexo del reporte de 90 días de oficiales corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala transmitidos al Congreso en abril de 2021”, de acuerdo con los reportes de prensa y la copia difundida.
Efe consultó a la embajada de Estados Unidos sobre la desclasificación del referido documento.
“Sin aludir a un reporte particular o personas específicas, la Embajada de los Estados Unidos tiene conocimiento que el informe fue remitido al Congreso. Es una comunicación privada, no pública, entre el Departamento de Estado y el Congreso”, indicó Anaida Haas, portavoz de la embajada.
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