Duque espera que las acciones embargadas a Inassa tengan pronto un nuevo propietario

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció que el Gobierno espera “resolver rápidamente” cómo se manejarán las acciones que la Fiscalía embargó a la sociedad española Inassa en la empresa Triple A para que estas tengan pronto un propietario nuevo.

Así lo afirmó el mandatario en un acto en el municipio de Malambo, vecino de Barranquilla, dos semanas después de que la Fiscalía iniciara el embargo de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 65,7 millones de dólares) de Inassa en Triple A, las cuales corresponden al 82 % del capital de esta última.

“Queremos poder resolver rápidamente cómo se van a manejar esos activos para que tengan un propietario nuevo”, manifestó Duque y agregó que trabajará con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para “definir cómo se manejan esos próximos pasos y que se preserve la calidad de esa empresa”.

Triple A, que maneja los servicios públicos de Barranquilla, la principal ciudad del caribe colombiano, está participada por Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.

La Fiscalía ordenó el pasado 4 de octubre el embargo de los activos de Inassa y sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles, porque desde el 2000 hasta el 2017 se ordenaron supuestos pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”.

Según las pesquisas de la Fiscalía, esos pagos habrían causado un detrimento patrimonial cercano a los 236.853 millones de pesos (unos 76,8 millones de dólares).

El contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando Inassa y Triple A acordaron la entrega del 4,5 % del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y limpieza a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores calculan que en 17 años de vigencia de dicho contrato se habría pagado la millonaria suma, valor que actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegaría a más de 329.000 millones de pesos (unos 107 millones de dólares).

Según la entidad, hay evidencia de “desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros”, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A., del grupo Canal Isabel II; y la compañía panameña Slasa, “que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami”.

Por todo ello, prohibió salir del país e impuso multas a los españoles Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A, y Francisco Javier Malia Baro, exgerente general de Inassa, entre otros.

El mandatario colombiano reiteró que “Triple A ha sido una empresa que se ha caracterizado por su buena administración, por la buena prestación del servicio” y que por ello se establecerá “una junta directiva de la mayor calidad” que “siga estando al frente y supervisando la administración de esos recursos”.

EFE