Archivo/EFE
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Minuto30.com- La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que las autoridades atiendan la situación humanitaria de las comunidades indígenas y afrocolombianas que, desde el 2 de mayo, se han movilizado a la cabecera municipal de Riosucio, Chocó.
Según la Entidad, estas personas se han movilizado para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las Farc que garantizan la no repetición de los hechos victimizantes, así como el desminado de las cuencas, la entrega de los territorios libres de actores armados y minas antipersonal, la implementación de proyectos productivos para los procesos de retorno y el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de reparación colectiva.
“Los integrantes de los pueblos Embera Dovidá, Katío, Chamí, y Wounáan y las comunidades negras de las cuencas de los rios Salaquí, Domingodó, Truandó y Jiguamiandó, ubicados en la subregión del Bajo Atrato (Riosucio y Carmen del Darién) han sido víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos desde el año 2015 con la incursión de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN”, advierte la Defensoría.
Los distintos hechos han generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados y la instalación de minas antipersona, detalló el organismo.
“Es necesario advertir que en territorios de la margen oriental del río Atrato como La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó, donde se adelantan procesos de restitución de tierras y de retornos de población desplazada, se continúa presentando ataques, destrucción de cultivos y caminos comunitarios y amenazas”, detalló la Entidad.
Entre enero y marzo del presente año se han reportado 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento.
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