Foto de archivo.
Un nuevo frente judicial se abrió contra el Gobierno nacional luego de que un juez de la República admitiera para estudio una acción de tutela interpuesta contra el decreto que declaró el estado de emergencia económica y social en Colombia.
La demanda fue presentada por Paloma Valencia y Gabriel Vallejo, quienes alegan la presunta vulneración de derechos fundamentales.
Con esta decisión, el proceso constitucional continuará su curso, aunque el decreto expedido por el Ejecutivo seguirá vigente mientras se surte el análisis de fondo. En el auto judicial, el despacho asumió el conocimiento de la acción y ordenó notificar a varias entidades del Estado involucradas en la expedición y ejecución de la medida.
Entre las entidades llamadas a responder se encuentran la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Adicionalmente, el juez dispuso la vinculación de la Corte Constitucional y del Congreso de la República, con el fin de garantizar un trámite integral y evitar posibles nulidades procesales.
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El despacho judicial otorgó un plazo improrrogable de 24 horas para que las entidades accionadas y vinculadas se pronuncien sobre los hechos expuestos en la tutela y ejerzan su derecho a la defensa. En caso de no hacerlo dentro del término establecido, el juez advirtió que los hechos podrían darse por ciertos, lo que permitiría resolver el caso de manera directa.
Asimismo, se solicitó a las entidades demandadas remitir copias de los trámites y actuaciones adelantadas en relación con la declaratoria de emergencia, documentos que serán incorporados al expediente como antecedentes relevantes.
No obstante, el juez negó la solicitud de suspender de manera provisional el decreto mientras se decide la tutela, argumentando que no se cumplen los requisitos para adoptar esa medida cautelar en esta etapa del proceso.
La admisión de la tutela reaviva el debate jurídico y político alrededor de la declaratoria de emergencia económica, una figura constitucional que ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores del país.
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