La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio del Interior y la Policía Nacional con el objeto de establecer si en la celebración y ejecución de convenios interadministrativos para la utilización de los aviones adscritos a esta última institución, se han presentado irregularidades y en caso positivo identificar a los presuntos autores.
La Sala de Instrucción Disciplinaria indicó que se investigará lo acontecido el pasado martes 20 de mayo, cuando se desplazó a territorio atlanticense una comitiva integrada por varios influenciadores, quienes supuestamente cubrirían “de manera propagandística el cabildo abierto que realizó Gustavo Petro en el paseo Bolívar”.
En el mismo sentido, el Ministerio Público señaló que según lo que reportaron varios medios de información se estarían “utilizando los aviones de la fuerza pública para transportar a funcionarios e invitados afines a su ideología a distintas partes del país”.
La actuación disciplinaria que inició la Sala de Instrucción Disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas.
La Contraloría General de la República solicitó formalmente al Ministerio del Interior información detallada sobre presuntos contratos suscritos con RTVC (Sistema de Medios Públicos), cuyo valor ascendería a aproximadamente $88.000 millones de pesos. Según trascendió, el objeto de estos contratos sería la realización de eventos, y su existencia ha generado inquietud en la opinión pública y entre organismos de control.
Las alarmas se encendieron en sectores políticos y de opinión pública tras conocerse que un grupo de influenciadores y presuntos invitados del Gobierno Petro habrían llegado a Barranquilla en un avión de la Policía Nacional, para asistir al cabildo popular encabezado por el presidente Gustavo Petro.
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