Gracias al trabajo de la Ruta Urgente de Búsqueda de Personas Reportadas como Desaparecidas de la Alcaldía de Medellín, en articulación con las familias y los entes de control, de 2020 a la fecha, 684 personas (equivalente al 84 %) han regresado a sus hogares, 50 fueron encontradas sin vida y continúan 76 investigaciones.
La ruta ha recibido 810 registros de familiares o ciudadanos que buscan a sus seres queridos. El 51 % corresponden a hombres (410), mientras que un 49 % son mujeres (400).
“Es importante reportar la desaparición de manera inmediata y no dar espera, pues en el proceso de búsqueda, cada minuto cuenta. Le recordamos a la ciudadanía que es totalmente falsa la creencia que se tiene sobre tener que esperar a que pasen 72 horas para reportar una posible desaparición», dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Alexandra Virviescas.
La desaparición de personas en un fenómeno
El fenómeno de la desaparición es una problemática que debe ser entendida desde diferentes conceptos; no todas las situaciones están tipificadas, según la ley, como desapariciones forzadas. La mayoría de los registros en el 123 Social, no constituyen dicho delito, pues son fenómenos asociados a la violencia intrafamiliar, sexual, al uso o utilización de sustancias psicoactivas o al padecimiento de enfermedades como la esquizofrenia, alzhéimer, depresión y bipolaridad.
“Es muy valioso contar con este apoyo, porque hay partes donde uno sabe que no puede llegar, que necesita ayuda, que ya veíamos que no había posibilidades y necesitábamos cosas más grandes. Tener este acompañamiento, saber que había un grupo de apoyo nos ayudó mucho y nos sirvió bastante”, comentó Natalia Ospina, una de las beneficiarias.
Cuando llega el informe, a través de cualquier medio, se activa el acompañamiento y se orienta a la familia para que lleve el caso a la Fiscalía General de la Nación, institución competente para investigar las desapariciones. Desde el Centro Técnico de Investigación – CTI, se asigna un investigador y se realizan las primeras labores de búsqueda que duran hasta tres meses.
Si durante ese periodo no se ubica a la persona, el hecho se remite a la Fiscalía 10 especializada para judicialización y las familias son consideradas posibles víctimas de desaparición forzada o de una red de trata de personas.