Minuto 30 decidió investigar y encontró un panorama desalentador y crítico que se generó en la EDU de la pasada administración, a donde fueron a parar los más de $319 mil millones de vigencias futuras que aprobó el Concejo de Medellín en 2022 y otros recursos ordinarios.
Un dato no menor fue la modificación al manual de contratación de la EDU, llevado a cabo en 2021, con el que se permitió, entre otras cosas, aumentar el tope para la contratación directa, al pasar de 500 millones de pesos a 10 mil millones de pesos, además de las adiciones ilimitadas.
Esta modalidad de contratación, denunciada por el actual alcalde Federico Gutiérrez como una de las prácticas más utilizadas en esta entidad, le abrió la puerta a un gran entramado de presuntos hechos de corrupción que tiene en jaque la prestación del servicio en varias sedes de la ciudad y en un desgaste técnico, administrativo y jurídico a la nueva gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano.
Desde esta entidad, en 2023, se adjudicaron 24 contratos de obra y 5 de interventoría para la ejecución de 187 mejoramientos en igual número de establecimientos educativos que, curiosamente, se licitaron por un valor inferior a los 10 mil millones de pesos bajo la modalidad de invitación privada.
En entrevista con la gerente de la entidad, Luz Ángela González, la funcionaria no solo alertó sobre la manera en la que se contrataron estas obras sino en la cantidad de vacíos jurídicos como fue el caso de la omisión de las cláusulas penales que siempre se pactan para la ejecución de los contratos.
Señaló que, en la parte técnica, se ha venido evidenciando la falta de capacitad financiera y de ejecución de obras de la mayoría de contratistas, además de la cuestionada supervisión por parte de las interventorías de los proyectos.
“Ha sido tan doloroso lo que hemos encontrado, pero lo más indignante es la falta de garantías que incluso la misma entidad contratante como la EDU ha tenido que sortear, a tal punto de verse maniatada a seguir con los mismos contratistas”, denunció la funcionaria.
Plan de contingencia para la EDU
Una de las primeras acciones adoptadas fue definir planes de contingencia para desatrasar los cronogramas y mitigar los impactos en los retrasos de las obras.
Desde lo jurídico, se iniciaron procesos de incumplimiento en 12 contratos con lo que se intervenían 132 sedes, logrando acuerdos transaccionales en 6 de ellos para terminar las obras en un plazo entre los 15 y los 45 días.
En los otros 6 contratos se activaron las pólizas y se llamaron a las aseguradoras, manteniendo el proceso de incumplimiento en curso para lograr la liquidación total y así poder liberar los recursos que no se han ejecutado.
En el frente de obra, se priorizaron las entregas parciales de más de 800 espacios educativos entre aulas, baños y comedores escolares para evitar el riesgo de desescolarización.
De las 180 obras que tendría que haber entregado a diciembre 31 de 2023, la pasada administración entregó cero; con los planes de contingencia que implementó la actual administración ya se han entregado 55 obras. Además, 90 instituciones ya están terminadas y solo faltan pendientes menores.
Pese a estas entregas de obra, la EDU alertó sobre los incumplimientos y los retrasos, con mayor criticidad, en Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal y Villa Hermosa.
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