Nadie les pregunta sin son de derecha o de izquierda antes de dispararles.
El Estado no ha sido capaz de evitar que en Colombia estén matando un líder social cada tres días. Un escenario de violencia, fuego cruzado y bandas criminales se ha apoderado de las zonas marginadas donde ni ha podido, ni ha querido u otras veces, no han dejado; que el Estado haga presencia. En Colombia los asesinatos siguen siendo las portadas de los periódicos y las revistas.
Diversas variables se deben analizar para entender este fenómeno y lo más importante, para poder encontrar las soluciones adecuadas. Según el Centro Nacional de Consultoría, el 70% de los homicidios ocurrieron en Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Córdoba y Putumayo; todas estas regiones con una marcada presencia de minería ilegal, cultivos ilícitos y narcotráfico. Repito zonas sin presencia estatal efectiva.
El Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas no solo no ha respondido a la problemática, sino que, por el contrario, sus declaraciones han demostrado inexperiencia, improvisación y una clara carencia lógica a la hora de medir la magnitud del problema. “Líos de faldas” “integrantes del Clan del Golfo” y finalmente “la responsabilidad de la protección de los líderes recae sobre la UNP” son algunas de las celebres frases que el encargado de la defensa y seguridad del país (incluida la de sus habitantes) ha desplegado en la coyuntura de los hechos. El Ministerio de Defensa tampoco hace presencia.
Los autores son múltiples; BACRIM, ELN, disidencias de las FARC, entre otros, se han adjudicado estos hechos. El problema no es saber quiénes son -pues según MinDefensa están identificados- el problema real, radica en las estructuras de economías ilegales. Por poner un caso; en Argelia (Cauca) donde asesinaron a siete personas el pasado martes (3 de julio), hay más de 11.245 familias que viven de la coca, grupos como el M19 y el Quintín Lame nacieron allí y para rematar, hoy en día el ELN y el Clan del Golfo ubicaron sus fortines en dicha región. Es evidente que el incremento de la violencia y el narcotráfico responden proporcionalmente a un aumento en los asesinatos.
Mienten aquellos que afirman que los asesinatos responden a una dinámica de exterminio político como el de la Unión Patriótica. Es oportunista y vergonzoso politizar el asesinato de líderes sociales. La realidad es que los asesinatos ocurren cuando alguien se mete con el negocio de la minería ilegal o de la coca, denuncia o simplemente se opone a ser un cómplice más. Nadie les pregunta sin son de derecha o de izquierda antes de dispararles.
La solución debe ser integral: atacar frontalmente a estas bandas criminales, hacer uso de la inteligencia militar y de la mano de las comunidades, desarticular y judicializar a dichas bandas, mientras el Estado llega con una oferta institucional robusta: educación, salud, seguridad e infraestructura vial. De la misma forma urge una reforma a la política de lucha contra el narcotráfico. A corto plazo, dotar a las comunidades de acceso constante a los cuerpos de seguridad del Estado. Los colombianos necesitamos un Estado garante, un Estado eficiente, pero sobre todo un ¡Estado presente!