La Procuraduría General de la Nación solicitó al Fiscal General de la Nación iniciar las investigaciones correspondientes por los delitos ambientales cometidos en el paro minero en el bajo Cauca antioqueño, así como la destrucción del acueducto de Tarazá por grupos armados ilegales, dejando sin agua potable a los habitantes del municipio.
Además, piden el inicio de diligencias preliminares por la tala indiscriminada de árboles centenarios en la vía que conduce de Tarazá a Caucasia y la investigación de otros posibles delitos ambientales, afectaciones divulgadas ampliamente por los medios de comunicación y que ponen en riesgo a miles de ciudadanos
El ente de control reiteró el seguimiento estricto a la situación en la subregión del bajo Cauca, en el marco del paro minero por el retorno de operativos contra minería ilegal y rechazó de los actos violentos a la infraestructura del departamento de Antioquia.
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