Este jueves, la Corte Constitucional declaró la urgencia nacional, con el fin de estudiar las 42 demandas que se han presentado en contra de la modificación que se presentó a la Ley de Garantías.
Y es que la decisión se tomó luego de que se acogiera la propuesta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien manifestó que este asunto debe ser considerado como “de especial trascendencia social y prevenir la eventual grave afectación del patrimonio nacional por lo cual deberá ser tramitado y fallado”.
Dichas demandas recibidas por la Corte, buscan que se tumbe esa modificación, que permite suspender la Ley de Garantías permitiendo así que se celebren convenios interadministrativos con entidades como alcaldías y gobernaciones, con el fin de ejecutar programas y proyectos incluso durante la época electoral.
De forma concreta, estas demandas son en contra del artículo 142 de la constitución, en el que se manifiesta que “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”, lo que se había prohibido durante la época electoral precisamente con el fin de evitar actos de corrupción.
Así las cosas, con una votación de 6 a 3, los magistrados consideraron que este tema debe ser abordado y estudiado de inmediato, con el fin de que se presente un detrimento patrimonial.
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