Dijo que buscó certificar requisitos que no se cumplieron para inducir en error a congresistas.
Luis Guillermo Giraldo, vocero del comité promotor del referendo.
Giraldo fue acusado de falsedad en documento público porque avaló con su firma un informe donde no se relacionaron todos los donantes y en el que no aparecían los verdaderos.
Según lo expuesto por la parte acusadora, el principal promotor del referendo reeleccionista «trató de ocultar la realidad».
Por eso, la Fiscalía lo señaló por fraude procesal, porque el balance que el firmó el 2 de septiembre del 2008 pretendía que el registrador certificara una iniciativa que no cumplía con los requisitos legales.
La fiscal 69 de orden económico, Claudia Erazo, relacionó la fecha de entrega de todas las cuentas, así como la petición que las entidades electorales y el Consejo Nacional Electoral hicieron al comité sobre algunas inconsistencias e irregularidades.
Según el ente acusador, Luis Guillermo Giraldo, al advertir posibles irregularidades, le pidió al Registrador que certificara lo que aparentemente no tenía vicios: es decir, las firmas. Pero esa, aclaró la Fiscal, no es la certificación oficial del trámite de la ley.
Por eso, una vez obtuvo la certificación de las firmas válidas, Giraldo, dice la Fiscal, indujo en error a los parlamentarios.
Los otros miembros del Comité, Cecilia Paz de Mosquera, Gustavo Dajer Chadid (consultados para integrarlo vía telefónica), Juan David Angel Botero, Álvaro Velásquez Cob, Ediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa fueron imputados como miembros del Comité, fueron señalados por la suscripción de informe de ingresos y gastos de las firmas que Giraldo, vocero elegido por ellos.
«La responsabilidad de los miembros del comité no se diluye simplemente con la designación de un vocero», dije la Fiscalía.
La representante del organismo aclaró que el vocero es portador de las decisiones del grupo. «Deben responder por las obligaciones y faltas de las actuaciones del vocero, aunque no exista reproche personal por la conducta de ellos», afirmó la Fiscal Claudia Erazo.
Al comienzo de la audiencia, la Fiscalía hizo un recuento minucioso de las fechas, una a una, de cómo trabajó el comité promotor del referendo desde su creación.
La Fiscalía recordó durante la audiencia algunas de las conclusiones de la Corte sobre los vicios relacionados con la iniciativa.
Recordó que Primero Colombia, ajena a la iniciativa, adelantó actividades que eran propias del Comité. Manejó contabilidad y los fondos. Recaudó y administró aportes para financiar los apoyos ciudadanos.
Agregó que se estableció que en la campaña para la iniciativa se gastó una suma global que supera más de seis veces lo legal y aportes individuales de 30 veces lo permitido a otra organización, que no estaba facultada: Colombia Primero.
Segun lo destacó la Corte Constitucional en la ponencia que tumbó la posibilidad de un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe, la cantidad permitida para financiar la recolección de firmas superó hasta en seis veces lo permitido.
Soportes de esos recursos dan cuenta de cantidades cercanas a los 2 mil millones de pesos, cuando lo establecido no podía ser superior a 335 millones de pesos.
La Corte llegó a la conclusión de que se quiso «contar con recursos ilimitados y privilegiar o favorecer la propuesta de reelección presidencial».
Ese hecho provocó otro defecto para que la Corte tumbara la posibilidad del referendo: Que el proyecto pasara a otra instancia sin el aval del registrador, Carlos Ariel SÁnchez. A esto se sumó que los mismos promotores pidieron la devolución de las cuentas para hacer unas correcciones contables.
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