La ONG Indepaz presentó su informe sobre la violencia en el periodo de Gobierno del presidente saliente Iván Duque, en el que arrojó cifras acerca de hechos relacionados con el asesinato de líderes sociales, excombatientes de las Farc y masacres.
Las cifras, que abarcan desde el 7 de agosto de 2018, momento en el que Iván Duque se posesionó como presidente, hasta el 1 de agosto del 2020, indican que en este periodo de tiempo se perpetraron 1531 hechos violentos.
Los territorios más afectados
El departamento más afectado fue Cauca, con 340 casos, seguido de Antioquia, con 194; en tercer lugar estuvo Nariño (151); en cuarto, Valle del Cauca (117) y, en quinto, Putumayo (103).
En cuanto a municipios, 358 de los 1103 con los que cuenta el país han sido afectados por el asesinato de líderes y firmantes, masacres y minas antipersonales, siendo Tumaco (Nariño) y Santander de Quilichao (Cauca) los que más han sufrido estos hechos, con 72 y 40 respectivamente.
Los otros 11 municipios más afectados son Caloto, con 32 casos; Tarazá, con 31; Cali, con 29; Corinto, 29; Argelia, 26; Toribío, 25; El Tambo, 24; Buenos Aires, 22; Puerto Asís, 22; Cúcuta, 21 y Puerto Guzmán, 21.
Posibles responsables de los hechos violentos
Las cifras de Indepaz señalan a los grupos armados ilegales como los que mayor asesinatos, masacres, amenazas y desplazamientos forzados han cometido en el Gobierno de Iván Duque.
Aunque en el 43,33 % de los casos no se ha identificado a los responsables, el 17, 9 % de los hechos violentos se le atribuye a las AGC/Clan del Golfo, seguido de los grupos residuales de las Farc, con el 16,23 %.
Con el 11,09 % se posiciona a otros grupos narcoparamilitares y el 10,71 % se le atribuye al ELN. La Fuerza Pública, por su parte, es señalada por Indepaz de ser la presunta responsable del 0,72 % de los casos.
La responsabilidad de Iván Duque, según Indepaz
La ONG asevera que el presidente Iván Duque tiene “responsabilidad política”, teniendo en cuenta los señalamientos por parte del Congreso de la República y organismos internacionales, quienes “se encuentran preocupados por la no implementación integral del Acuerdo de Paz”.
El incumplimiento de acuerdos, por ejemplo en temas de Reforma Rural Integral y política de drogas, “ha facilitado la recomposición de grupos armados, de mafias con conexiones en empresas lavadoras de activos y con agentes del Estado”, expuso Indepaz.
Asimismo, se argumenta que la persistencia de la violencia armada está relacionada con el “deterioro de indicadores sociales de bienestar de la población y muestra de precariedad de los políticas”, así como de ignorar los reclamos de las comunidades que “son vistos con frecuencia como formas de protección de carteles nacionales e internacionales”.
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