La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia audiencia para formular cargos de imputación y para que se le dicte medida de aseguramiento domiciliaria al gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Julio Hawkins Sjorgreen.
La decisión se da en el marco del proceso que se lleva en contra de Everth Julio Hawkins por presuntas irregularidades en contratación durante la emergencia sanitaria del COVID-19.
De acuerdo con el material recogido por la Fiscalía, el gobernador de San Andrés y Providencia presuntamente suscribió 16 contratos de prestación de servicios con un valor de $ 240.551.122 entre el 2 de abril y el 29 de mayo de 2020 para que personas se encargaran de apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo.
Sin embargo, de acuerdo con el ente investigador, los contratos no podían suscribirse porque un decreto nacional “impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turísticos, para evitar la propagación del COVID-19”.
Además, supuestamente no se llevaron a cabo los “estudios previos adecuados, ni se contemplaron las necesidades de la población en el marco de la pandemia” y al parecer hubo fallas en “la supervisión de la ejecución de los contratos” porque las actividades no se habrían realizado.
Por lo anterior el gobernador de San Andrés y Providencia será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
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