Foto tomada de archivo para ilustrar esta noticia
Álvaro Enrique Burgos del Toro fue condenado por el desfalco de más de 33 mil millones de pesos al Estado, a través de demandas para obtener pensiones de maestros.
La Fiscalía logró que un juez de conocimiento le dictara una condena de 22 años y 8 meses de prisión. Fue procesado por ser el autor, determinador y coautor de los delitos de falsedad Ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, peculado por apropiación y prevaricato por acción.
El señalado «cobró en el 2010 un proceso de 3.987 millones de pesos, en otro 6.963 millones, otro por 4.997 y otro por 4.703 millones de pesos. Con toda certeza defraudó al erario en más de 33.350 millones de pesos”, indicó el fiscal.
Burgos instauró demandas ejecutivas laborales en Lorica (Córdoba) en contra de la Fiduprevisora S.A y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la intención de quedarse con el reconocimiento y pago para 108 docentes de una pensión vitalicia.
“Utilizaban en los procesos ejecutivos laborales pólizas falsas, con la aceptación de poderes falsos; los procesados lograban el cobro de dinero y con documentación falsa, se reconocían y cobraban los ajustes pensionales”, agregó el fiscal.
De igual forma, el juzgado lo inhabilitó por 13 años para ejercer funciones públicas, y como abogado, durante 20.