104 profesionales de diferentes áreas, denuncian falta de pago de sus salarios desde el mes de febrero, por parte del Consocio UNISER, del que hacían parte la Corporación ETICA, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la empresa Inmdico y el ITM.
“No he recibido ninguno de mis beneficios, tampoco cuento con seguridad social, ni salud, lo cual me ha afectado a gran escala. Me hicieron renunciar a un trabajo en el que tenía todas mis condiciones laborales porque ya iba a iniciar el proyecto.
Me tocó desplazarme nuevamente hacia el pueblo de donde soy porque no contaba ya con los recursos para sostenerme, adquirí grandes responsabilidades económicas ya que no podía solventar las deudas y adquirí muchas más por estar prestando al esperar un pago que nos prometían cada semana y nunca llegó”, explicó Darlyn Ramírez, una de las afectadas, quien fue contratada el ocho de febrero.
Ante la situación, el ITM se pronunció a través de un comunicado de siete puntos en el que explican la situación, desde la firma del consorcio:
“En el mes de agosto de 2023, la Corporación ETICA suscribió un convenio marco con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (desde ahora OPIAC), con la siguiente finalidad: apoyo por parte de la Corporación ETICA a la OPIAC en la formulación y estructuración integral de proyectos; la consecución de recursos para proyectos multifondos, entre otras funciones asociadas, para los siguientes proyectos directores: – Mejoramiento de 6000 unidades de vivienda. – Mejoramiento de 120 IE (Instituciones Educativas) y 120 CER (Centros Estudios Rurales). – 60 fortalecimientos Productivos Agropecuarios”, inicia diciendo el documento.
El contrato de consorcio fue firmado el pasado 12 de noviembre de 2023, y según explica el texto, las obligaciones del ITM eran “suministrar su experiencia en investigación, así como facilitar unos espacios físicos” y las obligaciones de INMDICO y UNISER era “suministrar el personal necesario para llevar a cabo la materialización de los proyectos con la OPIAC”.
El ITM enfatizó en que en ningún momento el consorcio otorgó facultades al Señor Sigifredo Cortés Cuadros (representante del consorcio) para suscribir contratos.
“Como quiera que el Consorcio no crea una nueva persona jurídica, la persona que se designa como representante, debe contar con un poder por escrito (una asignación expresa de facultades). Sin este documento, todos los actos y contratos firmados por el Señor Sigifredo son inoponibles al ITM. En resumen: Los actos de un representante del consorcio no obligan a los dueños si estos no le otorgaron facultades para ello”, agrega en el punto 2.
A continuación, el ITM explica que el pasado 26 de abril de 2024, empezaron a llegar correos electrónicos en los que se enteran que hay personas que vienen trabajando para el proyecto OPIAC, a las que les deben tres meses de salario.
“Conocidas estas quejas, el ITM emprendió acciones de verificación, requiriendo a las partes del consorcio, responsables de aportar el talento humano para el desarrollo del proyecto. Lo anterior llevó a la realización de una reunión con el equipo de colaboradores el pasado 30 de abril de 2024, para definir los compromisos de pago de las sumas adeudadas a los colaboradores por parte del señor Sigifredo Cortés Cuadros, la Corporación ETICA y la empresa INMDICO SAS”, explica la institución universitaria.
En una primera junta de socios convocada por el Rector del ITM, el pasado 3 de mayo de 2024, el señor Sigifredo Cortés Cuadros fue retirado de la representación del consocio y en una segunda el 6 de mayo de 2024, se dio dar por terminado el Consorcio UNISER.
Además, el ITM denunció penalmente al señor Sigifredo Cortés alegando que este “utilizó de manera indiscriminada y sin autorización alguna, el nombre del ITM, del Rector del ITM y del Secretario General, adoptando decisiones por fuera de su competencia y del alcance dado en el mismo Consorcio”.
Al final del documento, se informa que el pasado 8 de mayo de 2024, en la sede de Prado, el representante suplente del Consorcio UNISER y el equipo jurídico del ITM se reunieron con los afectados para informarles que en ningún momento el ITM era responsable del pago de cualquier tipo de obligación (pues no le fue otorgada facultad al señor Sigifredo para contratar en nombre del consorcio y todo se trató de engaños realizados por él.
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