La reciente muerte del concejal de Jamundí, John Gil, el pasado sábado 27 de abril, dio paso a un consejo de seguridad en el Valle del Cauca para enfrentar a la violencia.
Las autoridades ofrecieron una recompensa de $30 millones de pesos por información sobre el asesinato.
Durante el consejo de seguridad se acordaron medidas para prevenir futuros crímenes.
Se solicitó la protección para concejales y la llegada de investigadores especiales de la Fiscalía a Jamundí y Tuluá. Además, los controles de la Policía y el Ejército también se intensificarán.
La gobernadora, Dilian Francisca Toro, exigió acciones urgentes al Gobierno Nacional para combatir la delincuencia. Y advirtió sobre el riesgo de violencia que se vive en otras regiones.
La Procuraduría pidió medidas de protección para el alcalde de Tuluá y funcionarios municipales amenazados por la banda criminal La Inmaculada.
Las autoridades también solicitaron estudios de riesgo y un informe sobre las acciones tomadas.
El Valle del Cauca enfrenta un desafío urgente en materia de seguridad, con autoridades y ciudadanos clamando por medidas efectivas para combatir la creciente ola de violencia.
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