El Centro Democrático solicita separar del cargo al Alcalde de Bogotá, nombrar al respectivo encargado y convocar a elecciones:
1. Colombia no debe aplicar la medida cautelar decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
2. Nuestro País ha cumplido con la Convención Interamericana puesto que al Alcalde de Bogotá nunca se le restringió el acceso a la Función Pública y tuvo todas las garantías para su elección y desempeño;
3. La destitución decretada por la Procuraduría refiere a hechos del desempeño del Alcalde;
4. El Ordenamiento Interno de los países puede regular con autonomía las violaciones y sanciones al desempeño de responsabilidades públicas;
5. Las Altas Cortes han aceptado que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana son mandatorias cuando refieren exclusivamente a la protección del derecho a la vida, que nada tiene que ver en este caso;
6. El Alcalde de Bogotá ha ejercido plenamente su derecho a la defensa, inicialmente ante la Procuraduría, después con acciones de tutela y pronunciamientos finales del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura;
7. Nuestro normatividad interna, que es garantista, no puede ser vulnerada por la Comisión Interamericana. En caso de prosperar la medida cautelar se crearía el riesgo de revocatoria de destituciones a un número aproximado de 700 servidores públicos de elección popular, con el consiguiente costo económico para el Estado;
8. Varios países se han visto en la obligación de no acatar medidas cautelares, decretadas por la Comisión Interamericana, en materias semejantes. Información Centro Democrático.