La Gobernación de Antioquia informó nuevos beneficios para los estudiantes universitarios como la creación de un fondo de créditos condonables para la matrícula 2020-2 y la matrícula cero.
La secretaría de Educación de Antioquia ratificó la propuesta de otorgar el beneficio de matrícula cero a cerca de 13.600 estudiantes de los 117 municipios no certificados y a Turbo, Apartadó y Rionegro, así a como los estudiantes procedentes de otros departamentos, con una inversión aproximada de $8.000 millones.
«Con el fin de materializar nuestra propuesta, y a pesar de la difícil situación financiera de la Gobernación de Antioquia, toda vez que con ocasión de la pandemia originada por la Covid-19, los ingresos del Departamento con corte al mes de mayo se disminuyeron en un 12%, que equivalen a $289.000 millones y con una proyección de la disminución en los ingresos totales a diciembre 31 de 2020 es de más $567.000 millones, redireccionaremos los recursos de la Secretaría de Educación destinados para las necesidades del plan de adquisiciones del año 2020 y que tenían como foco la población escolar de transición, básica y media», explicó la Secretaria de Educación, Alexandra Peláez Botero.
Créditos condonables para la matrícula 2020-2
Asimismo, la secretaria añadió que «adicional al financiamiento de matrícula y en el marco de la Ordenanza 32 de 2014 recientemente actualizada, se crea hoy un nuevo Programa de Créditos Condonables para la matrícula 2020-2».
El programa de créditos condenables se regirá bajo los siguientes criterios:
– Estudiantes de estratos 1, 2 y 3
– Estudiantes de pregrado nuevos y antiguos, no cobijados por otros beneficios.
– Estudiantes no residentes en Medellín (incluye Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta)
– Estudiantes de las siguientes IES: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Tecnológico de Antioquia, Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid e Institución Universitaria Digital de Antioquia.
– Valor del fondo: $5.000 millones
Dado lo anterior, las dos estrategias mencionadas para apoyar la educación superior y mitigar la deserción ascienden a un valor estimado de $13.000 millones.
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